El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará una aclaración sobre el reciente auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Este auto exige realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cumplir con una sentencia de 2024 relacionada con el proyecto urbanístico de Illarra, que contempla la construcción de 250 viviendas. Insausti ha expresado que este requerimiento representa un obstáculo significativo para el desarrollo de estas obras, que ya han comenzado y para las cuales se han establecido acuerdos de venta de las primeras viviendas libres.
En una rueda de prensa, el alcalde defendió que la adaptación realizada por el Ayuntamiento respecto al planeamiento urbanístico se ajusta a lo dictado por el TSJPV, al incrementar la proporción de vivienda protegida del 40% al 75%. A pesar de ello, la reciente resolución del tribunal ha anulado el acuerdo del Pleno del año pasado que permitía iniciar la construcción de estas viviendas, tras un recurso presentado por la asociación de vecinos del barrio de Lugaritz-Aiete-Ibaeta.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran que actuaron correctamente al adecuar el desarrollo del proyecto a la sentencia, sin solicitar una modificación formal del PGOU, un proceso que podría prolongarse por más de un año. La urgencia de no demorar la construcción ha sido un factor determinante en esta decisión. No obstante, el TSJPV ha respaldado la demanda de los vecinos, lo que ha llevado a que se reevalúe el procedimiento seguido por el Ayuntamiento.
El auto judicial deja claro que la «nulidad de pleno derecho» de una norma implica que esta debe ser excluida del ordenamiento jurídico. Esto significa que el Ayuntamiento debe reiniciar el proceso de modificación del PGOU para cumplir con los requisitos establecidos. Según las últimas comunicaciones del tribunal, el acuerdo del Pleno del 24 de julio de 2025 no puede considerarse ejecutado debido a que no se realizaron los trámites necesarios.
La incertidumbre generada por esta situación afecta no solo al Ayuntamiento, sino también a los promotores del proyecto y a los futuros propietarios de las viviendas. Insausti ha subrayado que la nueva modificación del PGOU podría demorar la construcción de las viviendas en hasta dos años, lo que representa una grave preocupación ante la escasez de vivienda en la ciudad.
En sus declaraciones, el alcalde mostró su intención de continuar con las obras mientras se solicitan las aclaraciones pertinentes al tribunal. Criticó a quienes impugnan constantemente los planes de desarrollo residencial, enfatizando la necesidad de vivienda en una ciudad con alta demanda. «Me preocupa que se pongan palos en las ruedas en cualquier operación que haya en la ciudad para generar vivienda», afirmó.
El regidor resumió la situación indicando que el auto del TSJPV no reconoce como válida la adaptación efectuada por el Ayuntamiento, a pesar de que esta cumple con los porcentajes de vivienda protegida establecidos en la sentencia. A su juicio, paralizar el proyecto sería contraproducente, dado que el objetivo es cumplir con el 75% de vivienda protegida. “No me gustaría perder dos años para un desarrollo que va a incluir un 75% de VPO”, concluyó Insausti.
La situación en Illarra pone de manifiesto la complejidad de los procesos urbanísticos en Gipuzkoa y la necesidad de un equilibrio entre las demandas de los vecinos y la urgencia de soluciones habitacionales. Esta situación seguirá siendo objeto de atención tanto por parte de las autoridades locales como de la comunidad afectada por el desarrollo del proyecto.
