El Ayuntamiento de Donostia ha decidido acoger urgentemente a un centenar de personas que serán desalojadas del antiguo instituto okupado en Martutene este jueves, tras una orden judicial. Esta medida, según el alcalde Jon Insausti, provocará un notable impacto en los recursos municipales, lo que ha reavivado un debate sobre la necesidad de mayor colaboración de los municipios de Gipuzkoa, especialmente de la comarca de Donostialdea, en la atención a personas en situación de exclusión social.
La decisión de acoger a más de cien personas en situación de vulnerabilidad ha generado preocupación, ya que se espera que intensifique la presión sobre los servicios sociales de Donostia, que ya enfrentan una carga significativa. El alcalde ha manifestado su intención de convocar a los alcaldes de Errenteria, Lezo, Oiartzun, Hernani, Astigarraga, Usurbil y Pasaia, todos ellos de EH Bildu, para discutir un enfoque más coordinado y equilibrado para la atención a personas sin hogar.
La crisis de vivienda y la concentración de personas que viven en la calle en Donostia se ha convertido en un problema persistente. Desde la alcaldía se ha reconocido que la ciudad es el único municipio en Gipuzkoa que cuenta con una red de servicios sociales de tal envergadura, lo que ha llevado a una demanda desproporcionada. La situación actual requiere un enfoque comarcal para distribuir la carga de manera más justa entre los diferentes ayuntamientos de la comarca.
El último informe de la asociación Kale Gorrian ha revelado que hay un total de 413 personas en situación de exclusión residencial en las calles de Donostia. Esta cifra pone de manifiesto la presión asistencial que soporta la ciudad, que se encuentra en una situación complicada para gestionar la llegada inminente de más personas a sus recursos sociales. Con la orden de desalojo del antiguo instituto de los Agustinos programada para este jueves, el consistorio busca acomodar a los actuales residentes de manera escalonada para evitar posibles tensiones durante la intervención policial.
Fuentes del Ayuntamiento han señalado que esta situación de emergencia también pone de manifiesto la falta de corresponsabilidad de otros municipios que no cumplen con las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Sociales. La presión asistencial que enfrenta Donostia continuamente sobrepasa sus capacidades formales y materiales, lo que hace necesario un esfuerzo conjunto para abordar esta problemática de forma más efectiva.
Para intentar mitigar el impacto del desalojo, el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar con los ocupantes del edificio, buscando alternativas habitacionales que eviten un incremento en su vulnerabilidad. La propuesta incluye la creación de recursos compartidos y mecanismos de distribución territorial que aseguren que la atención a las personas sin hogar no recaiga injustamente sobre Donostia.
La situación se complica aún más teniendo en cuenta que, entre las personas que se verán afectadas por el desalojo, hay un grupo diverso que incluye desde estudiantes hasta personas en condiciones más vulnerables, así como aquellos que podrían estar involucrados en actividades delictivas. Cada uno de ellos recibirá un plan de atención individualizado, adaptado a sus necesidades específicas, aunque el Ayuntamiento ha subrayado que se procederá judicialmente contra los delitos que se puedan cometer.
A medida que se acerca la fecha del desalojo, el clima se torna tenso, especialmente con la llegada del invierno. La preocupación de los colectivos que defienden los derechos de estas personas es palpable, dado que el desalojo podría agravar su situación, obligándoles a buscar refugio en una ciudad que ya alberga a más de 400 personas en la calle. Con varios albergues casi al máximo de su capacidad, la urgencia por encontrar soluciones se hace cada vez más apremiante.
El debate sobre la gestión de la atención a las personas sin hogar en Donostia y su comarca es más relevante que nunca. La estrategia del alcalde Insausti de convocar a otros municipios para discutir estos temas refleja un intento de crear un sistema más justo y sostenible que beneficie a todos, evitando que una sola ciudad asuma la carga en solitario. Lo que queda por ver es si esta iniciativa encontrará el apoyo necesario para implementar cambios significativos en la atención a las personas en riesgo de exclusión social.
