El debate sobre la publicación del origen de los detenidos en Donostia sigue su curso a pesar de la reciente aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento. Este órgano instó al Gobierno Municipal a no hacer públicos los datos relacionados con el origen de las personas detenidas. La moción, promovida por EH Bildu, recibió el apoyo de los concejales del PSE y de Elkarrekin Podemos, permitiendo que la propuesta fuera aprobada por mayoría. En contraposición, el PP y el PNV se manifestaron en contra de esta decisión. Desde el partido jeltzale se indicó que, a pesar de ser una resolución no vinculante, se mantendrá la decisión que anunció el alcalde Jon Insausti de dar a conocer esos datos.
La concejala de EH Bildu, Izar Hernando, defendió la postura de su grupo argumentando que el alcalde no ha proporcionado razones objetivas que justifiquen la decisión de publicar esta información. «Los únicos argumentos que ha presentado son que los donostiarras están preocupados por la seguridad y que la sociedad apoya el modelo de ‘Euskal Polizia'», señaló Hernando. A su juicio, estos argumentos no justifican la medida, subrayando que no existen razones policiales que avalen tal decisión. Además, consideró que esta acción no contribuirá a reducir la criminalidad ni mejorará la percepción de la sociedad sobre la inmigración. Propuso en su lugar el fortalecimiento de áreas como el alumbrado y la urbanización, así como una intervención policial adecuada para incrementar la seguridad ciudadana.
La portavoz del PSE, Ane Oyarbide, también se mostró en contra de la publicación del origen de los detenidos, afirmando que tal medida podría generar un aumento del miedo y el rechazo hacia personas diferentes, alimentando un entorno propicio para delitos de odio. Oyarbide sugirió que Donostia debería trabajar en un Pacto por la Seguridad Ciudadana, en lugar de optar por la divulgación de estos datos.
Por su parte, el concejal de Seguridad del PNV, Martin Ibabe, defendió la postura del grupo jeltzale, aclarando que no apoyan la opacidad ni la ocultación de datos. «No estamos a favor de estigmatizar a ningún colectivo ni de caer en la falta de rigor informativo», afirmó. Ibabe enfatizó que la decisión del alcalde no implica un señalamiento público ni un apagón informativo como sugieren desde EH Bildu. «Gobernar implica un compromiso con la veracidad de la información, y eso es lo que pretendemos», aseveró. También advirtió que no se convertirán cada detención en un titular, pero que tampoco ocultarán el trabajo de las fuerzas de seguridad, ya que es un tema que preocupa a la ciudadanía.
Este conflicto pone de manifiesto las tensiones entre la seguridad pública y la transparencia informativa, dos conceptos que a menudo entran en conflicto en contextos urbanos como Donostia. A medida que este debate evoluciona, será crucial observar cómo afecta a la percepción pública sobre la seguridad y la inmigración, así como las implicaciones que podría tener en futuras políticas municipales. La resolución del Pleno, aunque no vinculante, podría marcar un precedente en la gestión de la información relacionada con la seguridad ciudadana en la capital guipuzcoana.
