El Ayuntamiento de Donostia ha decidido seguir la directriz del Gobierno Vasco y comenzará a publicar el origen geográfico de los detenidos por parte de la Guardia Municipal. Esta medida se implementará en consonancia con las pautas establecidas por la Ertzaintza, y busca dar mayor transparencia a la información que se maneja sobre temas de seguridad. La colaboración entre el consistorio y la Policía vasca ha sido clave en la decisión, que se produce tras la negativa de las capitales vascas, Bilbao y Vitoria, a divulgar datos similares.
El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha afirmado que esta decisión no representa un cambio radical en la política comunicativa, sino más bien una evolución natural de la misma. Según Insausti, el consistorio ya había estado proporcionando datos sobre los arrestos a la Ertzaintza y al poder judicial, incluyendo la procedencia de las personas detenidas, lo que demuestra que esta medida se alinea con un enfoque comunicativo más transparente.
Insausti también ha defendido que el acceso a esta información es fundamental para combatir estigmas y discursos populistas, aportando datos que desmitifican conjeturas infundadas. «La información precisa y veraz contribuye a combatir estigmas y discursos populistas basados en conjeturas o especulaciones», ha declarado el alcalde, quien añadió que los datos serán ofrecidos cuando la situación lo requiera o cuando sean solicitados por los medios de comunicación o la ciudadanía.
La decisión de Donostia contrasta notablemente con las políticas de Bilbao y Vitoria, donde los alcaldes han decidido no facilitar el origen de los detenidos. El Ayuntamiento de Bilbao, gobernado también por un jeltzale, argumenta que tal información no justifica la actividad delictiva y podría generar una sensación de inseguridad. En este sentido, la concejala de Seguridad de Bilbao, Amaia Arregi, ha enfatizado que «vincular inmigración a delincuencia es un gravísimo error».
A pesar de que la delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones de los ciudadanos vascos, según el último Sociómetro de 2025, los datos indican que los delitos han disminuido en un 1,6% en Euskadi. Sin embargo, se han registrado un total de 34.877 delitos, lo que se traduce en aproximadamente 95 ilícitos diarios, de los cuales 24 ocurren en Donostia. Esto sitúa a la capital guipuzcoana como la ciudad con menos casos de delincuencia en la comunidad.
Esta nueva política de comunicación se produce en un contexto en el que la seguridad ciudadana ha cobrado especial relevancia entre las preocupaciones de la sociedad. Insausti resalta que el compromiso del Ayuntamiento es proporcionar información que contribuya a una mejor comprensión de la situación, evitando así que se produzcan interpretaciones erróneas que amplifiquen el miedo a la inseguridad.
Además, es importante señalar que otros municipios, como Irun, que está gobernado por el PSE, han decidido no seguir el mismo camino y no proporcionarán datos sobre la nacionalidad de los delincuentes. Los consistorios de Bildu también se suman a esta negativa, creando un contraste notable con la postura de Donostia.
En este sentido, el Gobierno Vasco ha cambiado su enfoque comunicativo desde el 14 de octubre de 2025, cuando comenzó a detallar el ámbito geográfico de los detenidos, incluyendo su nacionalidad. Bingen Zupiria, responsable del departamento de Seguridad, justificó este cambio señalando que ocultar tal información estaba generando una mayor estigmatización, lo que a su vez alimentaba la sensación de inseguridad en la población.
El futuro de esta política comunicativa en Donostia se presenta como un intento de equilibrar la necesidad de transparencia con el deseo de evitar la estigmatización de ciertos grupos. Insausti y su equipo buscan que esta medida no solo sirva para ofrecer claridad sobre la situación delictiva, sino que también fomente un diálogo más realista y constructivo sobre la seguridad en la ciudad. En un contexto donde la seguridad y la percepción de delito son temas candentes, Donostia intenta posicionarse como un modelo de gobernanza que promueve la transparencia y la colaboración con la ciudadanía.
