El Ayuntamiento de Donostia ha iniciado los trámites necesarios para la desafectación definitiva del edificio conocido como La Cumbre, con el objetivo de transformarlo en un centro de memoria. Esta acción se produce tras recibir la solicitud de la Delegación del Gobierno de España, permitiendo así dar un paso adelante en este proceso que había sido solicitado anteriormente por el Gobierno local. La documentación presentada ha sido aprobada por los órganos competentes del Gobierno central, lo que facilita esta transición.
Desde el Consistorio, se ha manifestado que este movimiento es crucial para concretar la cesión del palacio, que fue el lugar donde se llevaron a cabo torturas a los presuntos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Este episodio se considera un crimen fundacional del grupo GAL. La intención del Ayuntamiento es establecer un centro de Memoria que se base en los principios de “justicia y reparación”, colaborando para ello con diversas instituciones en la definición de este espacio. Esta iniciativa también responde a la Ley de Memoria Histórica, que estipula la cesión de La Cumbre por parte del Gobierno Vasco. Además, se prevé la apertura de los jardines del palacio al público.
El edificio, construido en torno a 1862, ocupa una extensión que varía entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados, según las fuentes consultadas. En 1944, el Estado adquirió el inmueble, que fue utilizado por el régimen franquista como una de sus residencias estivales. Documentos en el archivo de la Kutxateka muestran imágenes de recepciones celebradas en el lugar, entre ellas reuniones con figuras como Carmen Polo, esposa de Franco, y Luis Carrero Blanco. Tras la transición democrática, el palacio quedó en desuso, aunque en 1981 se menciona que el entonces rey Juan Carlos I y su esposa Sofía estuvieron allí, lo que obligó a amueblar el espacio apresuradamente.
En 1983, el palacio fue transferido del Ministerio de Exteriores al Ministerio del Interior. Pocos meses después, el lugar se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros relacionados con el GAL, cuando agentes de la Guardia Civil secuestraron a Lasa y Zabala y los mantuvieron ocultos en el sótano del edificio. Según informes, un grupo de entre 16 y 18 agentes, en coordinación con los mandos de Intxaurrondo, se encargó de llevar a cabo vigilancias y torturas. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Alicante, donde sus cuerpos fueron enterrados en cal viva. En 1985, sus restos fueron recuperados y en 1995 fueron identificados.
El caso de Lasa y Zabala ha dejado una profunda huella en la memoria colectiva, y desde entonces, diversos gobernadores civiles de Gipuzkoa, en su mayoría socialistas, han utilizado La Cumbre como residencia. Sin embargo, en la actualidad, el uso del edificio por parte del Estado es bastante limitado, según testimonios de antiguos funcionarios de la Delegación del Gobierno.
Con este nuevo desarrollo, el Ayuntamiento no solo busca honrar la memoria de las víctimas, sino también proporcionar un espacio que reflexione sobre el pasado, permitiendo a la ciudadanía entender y recordar estos episodios trágicos de la historia reciente de España. La creación del centro de memoria se presenta como una oportunidad para fomentar el diálogo y la reconciliación en una sociedad que todavía vive las secuelas de aquellos años oscuros.
