El Pleno municipal de Donostia se convirtió este jueves en escenario de un importante debate sobre el escudo social, que incluye la moratoria contra desahucios y la prohibición de cortes de suministro a personas en situación vulnerable. Este tema fue objeto de discusión no solo en el ámbito local, sino que también tuvo repercusiones en el Congreso de los Diputados. Mientras en Madrid se rechazaba la prórroga de este escudo social, el Ayuntamiento de Donostia aprobó, gracias al apoyo de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, un protocolo que busca proteger a las aproximadamente 64 familias que podrían enfrentarse a desahucios si se reanudan los procedimientos.
El rechazo al escudo social en el Congreso fue impulsado por la oposición, que argumentó que esta medida fomentaba la ocupación ilegal. Ante esta situación, los grupos que apoyaron la moción en el Pleno municipal decidieron activar un plan que garantice la protección de inquilinos sin alternativa habitacional. Ricardo Burutaran, concejal de EH Bildu, advirtió sobre la gravedad de la situación para estas familias, que podrían encontrarse sin hogar de la noche a la mañana.
Burutaran fue el promotor de la moción aprobada, que también instó al gobierno municipal a llevar a cabo un seguimiento de estas familias vulnerables. «Apoyar esta moción es un acto de justicia social y humanidad», afirmó el concejal, subrayando la necesidad de una respuesta efectiva ante la incertidumbre que enfrentan estas personas.
La concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, defendió la aprobación de la moción, destacando que el Gobierno Vasco ha trabajado durante años para encontrar soluciones a los problemas de desahucio. Arzallus afirmó que existe un compromiso constante para atender las necesidades de las personas vulnerables, y que los informes de los servicios sociales son fundamentales para identificar los casos que requieren atención prioritaria.
Por su parte, Arantza González, concejala de Elkarrekin Podemos, apoyó la iniciativa, resaltando la importancia de garantizar un hogar a todas las personas. Según ella, el escudo social ha demostrado su eficacia al evitar que muchas familias se queden sin hogar por circunstancias imprevistas. A pesar de la oposición del PP, que argumentó que los servicios sociales ya están en marcha, la mayoría del Pleno reafirmó su compromiso de proteger a los más desfavorecidos.
La concejala popular, Vanessa Vélez, justificó su voto en contra, afirmando que ya se está haciendo un seguimiento de estas familias y que los servicios sociales cumplen con su función. Sin embargo, la aprobación de esta moción refleja una clara intención por parte del Ayuntamiento de abordar de manera proactiva la problemática de los desahucios y proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y coordinado entre las distintas administraciones para abordar el problema de la vivienda en Gipuzkoa. Con la incertidumbre que rodea a muchas familias, la respuesta del Ayuntamiento es un paso importante en la búsqueda de soluciones que garanticen el derecho a un hogar digno, en consonancia con los principios de justicia social y responsabilidad colectiva.
