El 26 de enero se llevará a cabo el desalojo de aproximadamente 30 personas que residen en el pabellón número 4 de Jolastokieta, propiedad de Zardoya Otis, en Herrera. Ante este anuncio, varios colectivos se han manifestado este sábado frente a estas instalaciones para expresar su rechazo a esta medida.
Además, hay un total de cinco construcciones que albergan a cerca de 200 personas, que también están en espera de una orden similar de desalojo y posterior demolición. Diversas organizaciones, como Donostiako Harrera Sarea y Kaleko Afari Solidarioak, entre otras, han denunciado que estos desalojos están ocurriendo de manera “rápida y silenciada”, sin considerar la “situación social y económica” de los afectados y sin proporcionar alternativas viables.
Los colectivos mencionan que el proceso judicial que ha llevado a este desalojo comenzó hace un año. Desde entonces, ha habido un cambio en la titularidad de la propiedad, lo que, según ellos, no ha sido suficiente para que el juez detenga el proceso de desalojo. «El juez no ha paralizado su devolución a la persona que ya no es dueña del edificio», han añadido.
En las últimas semanas, quienes residen en el pabellón han recibido asistencia tanto a nivel individual como a través de agrupaciones, con la intención de “frenar el desalojo”. Esta petición también ha sido presentada en los tribunales, aunque, a juicio de los colectivos, no ha sido atendida y no se les ha proporcionado la posibilidad de recibir atención jurídica gratuita.
Durante una rueda de prensa, los grupos presentes han criticado que se haya presentado esta área como una “zona problemática” en términos de seguridad, lo que ha llevado a la “criminalización” de sus habitantes, justificando así el desalojo y apuntando específicamente a jóvenes migrantes como responsables de la situación.
Por otra parte, han señalado que las alternativas para las personas sin hogar en Donostia son “escasas” y que la única opción que se les ofrece es “la calle”. Este contexto se agrava con el hecho de que el pabellón que será desalojado el 26 de enero ha sido adquirido por una promotora privada, que, al igual que otros propietarios en la zona, ha actuado con la “complicidad del Ayuntamiento” y la implicación de la policía en el proceso de desalojo.
En conclusión, los colectivos han emitido un comunicado en el que expresan que “los desalojos solo contribuyen a empeorar las condiciones de vida de estas personas” y exigen que “nadie tenga que estar en situación de calle” y que se garantice una vivienda digna para todos. Esta situación refleja la tensión creciente entre la necesidad de vivienda y las decisiones de desalojo en un contexto socioeconómico complicado en la región.
