La reciente detención de un joven en San Sebastián a finales de enero ha desencadenado la desarticulación de un grupo delictivo que se dedicaba a realizar estafas y coacciones mediante anuncios falsos en plataformas de contactos. Según el Departamento de Seguridad, cuatro personas han sido arrestadas, tres hombres de entre 19 y 21 años, y una mujer de 21, todos ellos procedentes de la comarca de Donostialdea. Estos individuos son presuntos miembros de una organización criminal que operaba en toda España, con más de 300 víctimas identificadas, principalmente en Canarias y Galicia, a quienes se les habría defraudado más de 55.000 euros.
La investigación comenzó tras la detención de un joven de 20 años por una agresión sexual a una menor de edad el 21 de enero en el albergue turístico de Ulía, gestionado por el ayuntamiento. Tras ser puesto a disposición judicial, el juez decidió dejarlo en libertad. Durante el proceso de investigación, los agentes constataron que el detenido era el líder del grupo criminal, y en su perfil de redes sociales aparecían imágenes de mujeres con contenido erótico que se actualizaban con frecuencia.
Los servicios de la Ertzaintza iniciaron un análisis exhaustivo que les permitió dar con la estructura delictiva del grupo, activo desde septiembre de 2022. Los delincuentes utilizaban métodos engañosos para coaccionar a las víctimas a través de plataformas de contacto, exigiendo pagos por servicios que nunca se prestaban. Estos pagos se realizaban a través de transferencias bancarias y sistemas de pago electrónico, creando una red compleja de estafas.
El modus operandi de este grupo incluía la publicación de anuncios falsos en distintas plataformas de citas, dirigidos principalmente a hombres. Una vez que las víctimas mostraban interés, comenzaban a recibir mensajes intimidatorios que exigían pagos anticipados bajo la amenaza de difusión de sus conversaciones y detalles de los servicios contratados a sus familiares. Muchas de las víctimas, temiendo las posibles represalias, optaban por pagar, lo que resultaba en un ciclo de chantaje continuo.
Las investigaciones de la Ertzaintza se centraron en la revisión de movimientos bancarios y líneas telefónicas relacionadas con el grupo. El análisis permitió vincular las llamadas a una docena de líneas de prepago activadas en diferentes dispositivos móviles, lo cual dificultaba su rastreo. Además, se descubrió que las cuentas receptores de los pagos pertenecían a miembros del grupo delictivo y estaban relacionadas con denuncias previas.
Este tipo de estafas ha aumentado en los últimos años, reflejando la creciente complejidad de las redes criminales que operan en el ámbito digital. La estructura jerárquica del grupo les permitía solicitar pagos por adelantado y luego exigir el resto del dinero bajo diversas excusas, maximizando así su beneficio económico. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para identificar a más posibles implicados y así desmantelar completamente esta red delictiva.
El caso subraya la importancia de la vigilancia y la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía para combatir estos delitos. La detección temprana y la denuncia son claves para evitar que más personas sean víctimas de estas organizaciones que se aprovechan de la vulnerabilidad en entornos digitales.
