En la mañana de hoy, el Gobierno Vasco ha llevado a cabo el desalojo de un edificio en Donostia, cumpliendo con una orden judicial solicitada por el propietario del inmueble. La operación, que comenzó alrededor de las 8:00, se ejecutó sin mayores incidentes, según ha informado el Departamento de Interior. Pese a la presencia de efectivos de la Ertzaintza y una comitiva judicial, algunas personas decidieron abandonar el lugar por su propia voluntad.
Representantes de diferentes organizaciones del tercer sector y servicios sociales del Ayuntamiento han estado presentes durante el desalojo, ofreciendo refugio a quienes lo necesitaban. En este contexto, se ha anunciado que siete personas serán acogidas en el albergue La Sirena, aunque activistas como Harrera Sarea y Etxebizitza Sindikatu Sozialista han advertido que esta solución es solo temporal y no aborda el problema de fondo.
La situación de las personas desalojadas ha suscitado críticas, especialmente por parte de grupos sociales que han señalado que las alternativas ofrecidas son insuficientes. A las 18:30, se ha convocado una concentración en el Ayuntamiento de Donostia, donde se desplegó una pancarta con el lema ‘Inor ez kale egoeran. Arrazakeriaren kontra antolatu gaitezen’, reflejando la indignación de los manifestantes ante la falta de soluciones reales.
En el edificio desalojado, se estima que alrededor de 200 personas estaban pernoctando en pabellones anexos que pertenecen a la empresa de ascensores Zardoya Otis. Este pasado 7 de enero, el alcalde Jon Insausti anunció su intención de acelerar la demolición de estos pabellones, aunque hasta el momento no se ha especificado una fecha concreta para iniciar este proceso.
La coalición EH Bildu, a través de un comunicado, ha señalado que la gestión del desalojo debe ir acompañada de una planificación integral que contemple los servicios sociales de manera efectiva. Este enfoque es necesario para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar que se tomen en cuenta las necesidades de las personas afectadas. Además, han expresado su preocupación por la falta de supervisión del tercer sector en este desalojo, a diferencia de lo que ocurrió en una operación similar en Martutene.
EH Bildu ha instado a que se convoque el Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales (OISS) para abordar esta problemática de manera conjunta y anticiparse a lo que podría suceder con la demolición de los pabellones de Zardoya Otis. “Anunciar el derribo sin concretar los plazos y las formas solo añade incertidumbre a una situación ya complicada”, han declarado.
La problemática de la vivienda y el desalojo de personas en situación de vulnerabilidad continúa siendo un tema candente en Gipuzkoa, evidenciando la necesidad de establecer políticas más efectivas que garanticen derechos básicos. La reacción de la sociedad civil y de los organismos implicados será fundamental para abordar estos desafíos en el futuro.
