La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la condena de 26 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a un masajista de Donostia. Este individuo fue hallado culpable de agredir sexualmente a tres menores y de realizar ciberacoso sexual a dos de ellas.
El alto tribunal ha rechazado el recurso presentado por el condenado, manteniendo la sentencia que, además de la pena privativa de libertad, incluye 17 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y la obligación de abonar una indemnización de 40.000 euros a las víctimas, entre otras medidas establecidas por la justicia.
Detalles del Recurso
El acusado argumentó en su recurso ante el TSJPV que se había vulnerado su «presunción de inocencia» y que hubo una «errónea valoración de la prueba practicada», entre otros puntos. Sin embargo, el tribunal ha corroborado la «inferencia probatoria» alcanzada por la Audiencia guipuzcoana, señalando que dicha inferencia está «razonada suficientemente».
El tribunal también destacó que el caso presenta un «prácticamente un reconocimiento documental de los hechos» por parte del propio acusado a través de mensajes intercambiados con las menores en diversas aplicaciones de mensajería, los cuales figuran en el expediente judicial. El TSJPV argumenta que «el encausado tiene derecho a una duda, pero a una duda razonable», enfatizando que no se puede contrarrestar la prueba de cargo con argumentos poco sólidos.
Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que abriría la puerta a posibles apelaciones por parte del condenado. La gravedad de los delitos por los que se le ha condenado ha llevado al tribunal a establecer un marco de sanciones que busca proteger a las víctimas y disuadir comportamientos delictivos similares en el futuro.
Es importante recordar que los casos de abuso y ciberacoso sexual a menores son tratados con especial severidad en el ordenamiento jurídico español, reflejando la necesidad de una respuesta contundente ante estas violaciones de derechos fundamentales. La confirmación de esta condena envía un mensaje claro a la sociedad sobre la imperiosa necesidad de proteger a los más vulnerables y de responsabilizar a quienes cometen estos delitos.
La atención mediática sobre este tipo de casos también ha aumentado en los últimos años, lo que ha llevado a un mayor escrutinio público sobre la efectividad del sistema judicial en la protección de menores. Este caso en particular pone de relieve no solo los desafíos que enfrenta el sistema judicial, sino también la importancia de la educación y la prevención en el ámbito del acoso sexual.
El desafío es enorme, y las instituciones deben trabajar de manera coordinada para garantizar que se protejan los intereses de los menores y que las víctimas reciban el apoyo necesario. La lucha contra el acoso y la violencia hacia los más jóvenes es una responsabilidad compartida que requiere la implicación de toda la sociedad, así como de las autoridades competentes.
