La Agencia Tributaria pierde cada año entre 21.000 y 51.000 millones de euros por las rentas que no se declaran en el IRPF. Así lo concluye un informe publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza la magnitud de la evasión fiscal en España durante las dos últimas décadas.
El estudio se centra en la ocultación de rentas por parte de los contribuyentes, es decir, en ingresos que existen pero no se declaran. No incluye la economía sumergida en sentido estricto, como trabajos sin factura o actividades ilegales, sino únicamente las ganancias que deberían tributar en el IRPF y no lo hacen.
Una brecha fiscal que llega al 14,7% de las rentas
Para medir la brecha fiscal, Fedea compara las rentas declaradas en el IRPF entre 2003 y 2022 con los datos de la contabilidad regional. El resultado muestra que el grado de cumplimiento fiscal ha oscilado entre el 72,2% en 2005 y el 86% en 2020.
En el último año analizado, 2022, el cumplimiento se situó en el 85,3%. Esto implica que el 14,7% de las ganancias no se declararon, lo que equivale a unos 111.887 millones de euros en rentas ocultas.
Traducido a términos de recaudación, esa brecha supone una pérdida para el Estado de entre 21.000 millones de euros, si se aplica el tipo mínimo del IRPF, y hasta 51.000 millones, si se calcula con el tipo máximo.
De dónde procede el dinero no declarado
El informe detalla que casi la mitad de las rentas ocultas, un 48,2%, proceden de la economía sumergida y de los alquileres de inmuebles. Se trata de uno de los focos tradicionales de control por parte de Hacienda.
Otro 40,3% corresponde a rentas del trabajo, mientras que el 11,5% restante se atribuye a rendimientos del capital mobiliario.
No obstante, las rentas del trabajo son las que presentan un mayor grado de cumplimiento fiscal, entre el 86% y el 94%, debido a que están sometidas a retenciones en origen. En cambio, las rentas procedentes de actividades económicas e inmobiliarias han sido históricamente las más opacas.
Mejora en el control de alquileres y actividades económicas
El estudio subraya que, aunque siguen siendo problemáticas, estas rentas han mejorado su nivel de cumplimiento. Han pasado de poco más del 30% en los años 2000 al 54% en 2022.
Esta evolución coincide con el endurecimiento de la vigilancia de Hacienda sobre los caseros, especialmente a través del envío masivo de cartas informativas y del cruce de datos para detectar alquileres no declarados.
Diferencias entre comunidades autónomas
Por territorios, el informe detecta importantes diferencias. Madrid registra el mayor grado de cumplimiento fiscal, con un 88,6%, mientras que Murcia se sitúa a la cola, con un 80,9%.
Pese a la magnitud del fraude, la Agencia Tributaria logra recuperar cada año casi 20.000 millones de euros mediante inspecciones y actuaciones de control. Una cifra relevante, aunque insuficiente para cerrar un agujero fiscal que sigue teniendo un fuerte impacto en la recaudación y en la equidad del sistema tributario.
