Recientemente, LaLiga ha lanzado una controvertida iniciativa que consiste en recompensar con 50 euros a quienes denuncien la emisión ilegal de partidos en establecimientos del sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías). Esta medida, sin embargo, no ha tenido una acogida positiva entre la ciudadanía, quienes consideran que involucrar a particulares para señalar a locales que no cumplen con la legalidad no es una estrategia efectiva.
Desde la patronal del sector, se ha defendido que el procedimiento es «confidencial, seguro y plenamente ajustado a la legalidad». Aseguran que solo se recompensará a quienes presenten pruebas que, tras una revisión técnica, confirmen la infracción. La respuesta de Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido más allá, ya que ha conseguido el respaldo judicial necesario para obligar a ciertos servicios de VPN a bloquear direcciones IP asociadas a la difusión ilegal de contenido deportivo.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha respaldado las medidas cautelares solicitadas por LaLiga y Telefónica. Este fallo implica que empresas como NordVPN y ProtonVPN, que son utilizadas para eludir restricciones geográficas, deberán adaptar sus servicios para evitar que sus usuarios accedan a emisiones no autorizadas en España. Esta acción marca un cambio en la estrategia de lucha contra la piratería, que ahora no solo se centra en bares que transmiten partidos, sino también en las infraestructuras digitales que permiten estas acciones.
La resolución judicial es vista como un avance significativo en la lucha contra la emisión ilegal de contenidos, que ha ido en aumento en los últimos años. LaLiga sostiene que la piratería no solo impacta a grandes operadoras o clubes poderosos, sino también a pequeños negocios que sí cumplen con la normativa y pagan por las licencias necesarias. Esta perspectiva resalta la importancia de combinar la presión legal con herramientas tecnológicas y la colaboración de la ciudadanía.
Este enfoque no es nuevo en el fútbol español. A lo largo de los años, se han llevado a cabo múltiples acciones legales contra establecimientos del sector HORECA que emitían partidos sin autorización. Según datos previos de LaLiga, miles de locales han sido investigados, y muchos han enfrentado condenas o acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, la situación ha generado críticas. ProtonVPN ha manifestado su sorpresa ante las acciones legales, afirmando que hasta la fecha no han recibido notificaciones formales sobre medidas que les afecten, lo que, según ellos, podría vulnerar principios del debido proceso.
Las cifras relacionadas con la piratería en el ámbito deportivo son alarmantes. Se estima que en España, la piratería de eventos deportivos supera en un 25% la media de la Unión Europea, con alrededor del 60% de los españoles consumiendo contenido pirata al menos una vez al mes. Este fenómeno genera pérdidas económicas significativas, que se estiman entre 600 y 700 millones de euros anuales solo para LaLiga.
Por otro lado, la nueva estrategia de bloqueos puede tener repercusiones en la privacidad digital de los usuarios. Las VPN son herramientas utilizadas por millones para proteger su conexión y datos en redes públicas. Este hecho ha suscitado un debate sobre el impacto de estas medidas, ya que, al intentar frenar la piratería, se podrían afectar también servicios legales que comparten la misma infraestructura.
El dilema radica en si es válido perseguir direcciones IP concretas asociadas a actividades ilegales, o si esto establece un precedente problemático al obligar a intermediarios tecnológicos a implementar bloqueos que podrían afectar a otras áreas de la red. La analogía que se plantea es clara: sería como prohibir la venta de cuchillos en supermercados por el riesgo de que sean usados para hacer daño, sin considerar sus múltiples usos legítimos.
En este contexto, parece que el fútbol español enfrenta una nueva medida que podría considerarse desproporcionada por parte de LaLiga. Aunque la intención sea la de atajar un problema que podría resolverse de maneras menos agresivas y más respetuosas con todos los involucrados, esta estrategia puede resultar contraproducente y generar más conflictos en el futuro.
