La ciudad de Vitoria-Gasteiz se prepara para conmemorar un hito importante: el 23 de mayo de este año se cumplirán 30 años desde que la Ley de Sede designara a la capital alavesa como el lugar donde se ubican el Parlamento y el Gobierno del Gobierno Vasco. Sin embargo, este hecho ha generado un debate persistente sobre la falta de un reconocimiento formal de su condición de capital, ya que legalmente Euskadi no tiene una capital definida.
La ley, que fue aprobadada en un contexto de tensiones políticas y económicas entre varias localidades, incluyendo a Bilbao, establece un artículo único que no menciona explícitamente el término «capital». Esto ha llevado a que, a lo largo de tres décadas, no se haya realizado ningún estudio que analice el impacto que tiene esta condición sobre la ciudad. La situación dio lugar a diversas interpretaciones y opiniones encontradas, reflejadas en los debates actuales sobre el futuro de Vitoria.
Para conmemorar esta fecha, se han planificado diversas actividades durante todo el mes de mayo, incluyendo una reunión con alcaldes de diferentes regiones, lo que subraya la importancia institucional de Vitoria en el contexto europeo. Sin embargo, la ciudad también enfrenta desafíos asociados a su rol como sede institucional, incluyendo la presión sobre el mercado inmobiliario y la organización de protestas en sus calles.
El consejera María Ubarretxena ha sido clara en relación con la necesidad de un estudio que evalúe de forma precisa las repercusiones económicas, sociales y de imagen que tiene la capitalidad sobre Vitoria. Este acuerdo, que se tomó en 2008, finalmente parece estar cobrando impulso después de años de postergaciones. La corporación municipal, presidida por Patxi Lazcoz, ha tomado la iniciativa de llevar a cabo este análisis con la colaboración de la UPV, con la intención de obtener datos concretos que puedan sustentar futuras decisiones políticas.
La situación actual refleja la ambivalencia que sienten los ciudadanos respecto a su capitalidad. Por un lado, algunos sostienen que la mención de Vitoria en los medios de comunicación y su asociación con eventos institucionales benefician a la ciudad. Sin embargo, otros consideran que este estatus ha desencadenado problemas como el encarecimiento de la vivienda y la aparición de conflictos sociales.
El debate sobre la capitalidad ha incomodado a los partidos políticos, con posiciones diversas que reflejan la falta de un consenso claro. La propuesta para un reconocimiento legal más explícito podría avanzar en el Parlamento, aunque su tramitación se ve dificultada por el año preelectoral municipal. La idea de incluir en la ley de Sede una simple resolución que aclare que Vitoria tiene la consideración de capital ha suscitado reacciones mixtas, con algunos partidos apoyando la medida y otros prefiriendo mantener el estatus quo.
A pesar de que la figura de Vitoria como capital ha evolucionado en estas tres décadas, el Gobierno Vasco ha manifestado que no considera necesario un cambio legislativo que incluya el término «capital», argumentando que esto no aporta nada nuevo a la realidad institucional. En cambio, figuras como el ex lehendakari Carlos Garaikoetxea han expresado su preocupación por la visión localista que puede derivar en agravios y divisiones provinciales.
Vitoria ha ganado reconocimiento y una notable relevancia política tras estos 30 años, lo que podría ser un indicativo de que su estatus como sede institucional ha cumplido su objetivo inicial de fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad autónoma vasca. Sin embargo, el futuro de su capitalidad sigue generando dudas y debates que, en lugar de disiparse, parecen intensificarse.
El aniversario del 23 de mayo representa una oportunidad no solo para reflexionar sobre la historia reciente de Vitoria, sino también para mirar hacia el futuro y considerar cómo se puede consolidar su papel en el contexto del País Vasco. A medida que las autoridades locales preparan sus celebraciones, la discusión sobre el estatuto de la ciudad como capital continúa siendo un tema relevante para sus habitantes y para el conjunto de la sociedad vasca.
