El Gobierno Vasco ha acogido con optimismo la reciente propuesta del ministro del Interior, la cual ha sido valorada positivamente por diversas fuentes relacionadas con el Ejecutivo. Estas consideran que la iniciativa se alinea con las recomendaciones del lehendakari Patxi López presentadas durante el pleno de política general en septiembre del año pasado. Además, se considera que es un paso adecuado para promover una política penitenciaria más flexible, en especial tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA.
En una conversación mantenida por la mañana entre el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el ministro, se confirmó que el Gobierno Vasco está dispuesto a colaborar activamente en la implementación de este plan. Por su parte, el PSOE ha reiterado su apoyo a las políticas antiterroristas del Gobierno, lo que fue reafirmado por la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
El lehendakari participó el día anterior en los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika. En ese contexto, delegó la reacción a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza, quien ha estado trabajando en gestiones relacionadas con el ministerio desde antes de la formalización de su cargo. Loza ha estado involucrado en iniciativas de reinserción, incluyendo la denominada vía Nanclares, y mantiene contacto con varios presos que están en proceso de reintegración.
Loza calificó el anuncio del ministro como «un paso positivo y un avance en la buena dirección». A pesar de ello, destacó que la disolución de la banda sería un elemento crucial para mejorar la situación de los presos. En este sentido, hizo hincapié en la contradicción que representa que Batasuna cumpla con la legalidad para participar en las instituciones, mientras que a los presos se les impida hacer lo mismo. «La reinserción debe ser individual y respetar el Estado de derecho», afirmó, destacando que cada preso debe abordar su incorporación al programa de manera individual.
Urkullu: “Debemos ayudar entre todos, siendo conscientes de las circunstancias”
Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, enfatizó que el plan propuesto es «constitucional» y enfatizó que siempre ha existido la posibilidad de que un preso se arrepienta y colabore con la Justicia. No obstante, Basagoiti subrayó que esto no implicará «impunidad para los presos ni la liberación gratuita de asesinos».
Desde el PNV, su presidente, Iñigo Urkullu, expresó que la propuesta tiene una «arista» que debe ser revisada, en relación a cómo se aborda el perdón a las víctimas, un aspecto que considera muy personal. «Debemos dar pasos juntos, con plena conciencia de las circunstancias que afectan a todas las partes», añadió Urkullu en declaraciones a la SER.
La reacción desde el ámbito independentista no se hizo esperar. La izquierda abertzale criticó la propuesta, afirmando que el Gobierno español del PP ignora las demandas de la sociedad vasca para que se ponga fin a una política penitenciaria que consideran inhumana. En su comunicado, expresaron que es necesario cesar de manera inmediata y definitiva con la aplicación de políticas excepcionales hacia los presos políticos vascos.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también cuestionó la efectividad del nuevo plan, considerando que no presenta «avances sustanciales». En Gernika, Garitano exigió la repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos y la excarcelación de aquellos que han cumplido tres cuartas partes de su condena. A su juicio, «una sociedad normalizada políticamente no puede mantener a 700 presos políticos», señalando que el Gobierno se mantiene «anclado en el inmovilismo».
Este contexto plantea un escenario complejo que requiere un delicado equilibrio entre la justicia, la reinserción y el reconocimiento de las víctimas. Las posiciones diversas sobre la política penitenciaria en el País Vasco evidencian la dificultad de alcanzar consensos en un tema tan sensible, donde cada palabra y cada medida tienen un impacto significativo en la sociedad.
