Regresar al trabajo tras un periodo de baja laboral puede generar inquietud entre los empleados. Muchos se preguntan si volverán a sus antiguos puestos o si la empresa tiene otros planes para ellos. Afortunadamente, la legislación española garantiza el derecho a la reincorporación en las mismas condiciones. No obstante, se permiten ciertas modificaciones en función de situaciones específicas.
El Estatuto de los Trabajadores establece la posibilidad de lo que se conoce como movilidad funcional, que permite a la empresa asignar tareas diferentes a las de su puesto habitual. Esta movilidad puede ocurrir dentro del mismo grupo profesional o en un grupo diferente, siempre que se cumplan criterios como la titulación adecuada del trabajador, el respeto a su dignidad y la no disminución de su salario.
Cuando el cambio afecta a otro grupo profesional, la empresa solo podrá implementarlo si existen motivos organizativos o técnicos que lo justifiquen, y deberá ser por el tiempo necesario. Por ejemplo, si se asignan funciones superiores, el trabajador tendrá derecho a recibir el salario correspondiente, mientras que si son inferiores, su remuneración se mantendrá. Además, la empresa debe informar a los representantes de los trabajadores sobre estos cambios, que en algunos casos estarán limitados a un periodo de seis u ocho meses.
Una de las modificaciones laborales que puede surgir es la movilidad geográfica, que ocurre cuando un trabajador es trasladado a otro centro de trabajo. Este tipo de traslado necesita estar respaldado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La empresa debe notificar con antelación: 30 días para traslados permanentes y 5 días para desplazamientos temporales que superen los tres meses. En tales situaciones, los trabajadores tienen derecho a recibir compensaciones por gastos, y si deciden no aceptar el traslado, pueden extinguir su contrato con derecho a indemnización.
En los casos donde la baja se debe a problemas de salud, como enfermedades físicas o trastornos relacionados con el estrés, la empresa está obligada a adaptar el puesto a las necesidades del trabajador. Un médico determinará si la reincorporación a las funciones anteriores es viable; de no ser posible, la empresa deberá ofrecer un puesto que se ajuste a su estado de salud, manteniendo la remuneración. Esta adaptación busca asegurar la recuperación del trabajador y evitar que su actividad laboral represente un riesgo.
Si un trabajador no está de acuerdo con un cambio en sus funciones o con un traslado a otro centro laboral, tiene varias opciones disponibles. En el caso de cambios funcionales dentro de un grupo profesional diferente, el empleado puede aceptar el cambio, negociar nuevas condiciones o impugnarlo ante el Juzgado de lo Social. Si se trata de un traslado geográfico que no tiene justificación, también puede recurrir a la impugnación o decidir extinguir su contrato, recibiendo una indemnización.
Es fundamental que los trabajadores actúen dentro de los plazos legales establecidos y busquen asesoramiento laboral especializado. Esto les permitirá conocer sus derechos y asegurarse de que cualquier modificación en las condiciones de trabajo se realice de forma justa y legal. Conocer sus opciones es crucial para proteger su estabilidad laboral en un entorno que a menudo es incierto.
