La situación de la vivienda en Gipuzkoa continúa siendo un tema prioritario para el Gobierno Vasco, que ha anunciado la incorporación de dos nuevos municipios a la lista de zonas residenciales tensionadas. La semana pasada, Tolosa y Lezo fueron oficialmente declarados como mercados residenciales tensionados, tras la publicación del inicio del procedimiento en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Esta medida se realiza en conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Vivienda, y se espera que la declaración se formalice en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el año 2026.
En el caso de Lezo, el proceso se activó el 15 de octubre, cuando el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana aprobó la solicitud presentada por el Ayuntamiento en abril. Tras la publicación en el BOPV el 5 de noviembre, se establece un plazo de 20 días para la información pública. Este municipio, que cuenta con una población de poco más de 6.000 habitantes, enfrenta una escasez total de oferta de vivienda en alquiler, siendo evidente que en plataformas como idealista no hay disponibilidad.
Por su parte, Tolosa también ha presentado su solicitud para ser considerada zona tensionada, la cual fue aprobada el mismo día que la de Lezo. La falta de viviendas en alquiler en esta localidad es alarmante; actualmente, solo hay una propiedad disponible en el mercado, un piso de tres habitaciones en el centro que se ofrece a 1.090 euros al mes.
La situación en Gipuzkoa no es aislada. El 30 de octubre, el BOE incluyó oficialmente otras cuatro localidades vascas, incluyendo a las tres capitales: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, además de Astigarraga y Usurbil, que se suman a una lista creciente de municipios con mercados tensionados en el País Vasco. En total, ya se contabilizan 11 de estos mercados, y el número sigue aumentando, reflejando la creciente presión sobre el acceso a la vivienda en la región.
La declaración de una zona como tensionada implica que se implementarán restricciones en los precios de alquiler. En los nuevos contratos para pequeños propietarios, el alquiler se limitará a lo que se pagaba en el contrato anterior, más un porcentaje que se ajuste según el índice de precios del INE. Para las viviendas en alquiler que pertenecen a grandes tenedores, el precio se establecerá en función del Índice de Referencia de Precios del MIVAU. Además, se contempla la posibilidad de una prórroga extraordinaria para inquilinos con contratos vigentes.
El concepto de gran tenedor se refiere a aquellos que poseen cinco o más inmuebles residenciales, una cifra significativamente menor en comparación con otras zonas del país, donde se consideran gran tenedores a quienes gestionan diez o más propiedades. También se prevén incentivos fiscales para fomentar el alquiler a largo plazo en estas áreas, incluyendo bonificaciones en el IRPF que oscilan entre el 50% y el 90%.
A medida que se intensifican los esfuerzos para abordar la crisis de vivienda en Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y las autoridades locales deberán trabajar de manera conjunta para facilitar soluciones efectivas. El reto es considerable, ya que la demanda de vivienda adecuada sigue superando con creces la oferta, lo que ha llevado a un estado de alerta en toda la comunidad. Con políticas dirigidas a regular el mercado y proteger a los inquilinos, se espera que estas medidas contribuyan a un acceso más equitativo a la vivienda en la región.
