La situación en torno a la nueva propuesta de financiación autonómica ha generado diversas reacciones en el ámbito político español. Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que tiene lugar este miércoles en el Ministerio de Economía y Hacienda, la consejera catalana de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha sido la única en mostrar una postura favorable ante el nuevo sistema, argumentando que no solo beneficiaría a su comunidad, sino que también lo haría de manera equitativa para todas las regiones. Romero ha instado a los demás consejeros a abordar el tema con «responsabilidad» y a mantener un debate «sereno y racional», siempre con cifras sobre la mesa.
Sin embargo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la propuesta, calificándola de «improvisación» diseñada para que el presidente Pedro Sánchez permanezca en el poder durante algunos meses más. En una entrevista reciente, Feijóo ha expresado su deseo de actualizar el sistema de financiación actual y ha recordado que su partido presentó una propuesta al Gobierno en septiembre de 2024, sin haber recibido respuesta alguna hasta el momento.
La oposición a la propuesta del Gobierno no se limita al PP. Consejeros de distintas comunidades han manifestado su rechazo. Por ejemplo, el conseller valenciano de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido que los ciudadanos de Valencia no pueden seguir siendo «ciudadanos de segunda» en términos de financiación, demandando igualdad de derechos en este aspecto. Por su parte, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, ha lamentado que la propuesta no haya sido negociada dentro del PSOE y ha denunciado la «falta de respeto» en el proceso.
Además, la representante de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha expresado su «indignación» ante lo que ha denominado el «modelo de financiación Montero», el cual considera injusto, afirmando que beneficia al independentismo en detrimento del resto de las comunidades. Desde la región de Murcia, el titular de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, ha advertido que solicitarán la retirada de este modelo, argumentando que «ya ha nacido pervertido» por su alineación con intereses independentistas.
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que la información sobre el sistema haya sido anunciada por Oriol Junqueras antes de la explicación oficial de la vicepresidenta Montero, insistiendo en que los fondos públicos deben servir para financiar los servicios de todos los españoles y no para satisfacer «precios políticos» del Gobierno actual.
Por su parte, la consejera extremeña de Hacienda y Función Pública en funciones, Elena Manzano, ha señalado que la propuesta del Gobierno perpetúa la desigualdad entre territorios, advirtiendo que si se aprueba en sus actuales términos, utilizará «todas las armas» legales a su disposición para combatir dicha desigualdad. En este contexto, Miguel Corgos, el consejero gallego de Hacienda, ha subrayado que el diseño del modelo de financiación a menudo se adapta a las necesidades de los que lo elaboran, dejando de lado las exigencias de otras comunidades.
Finalmente, la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha pedido calma y ha señalado que será necesario esperar a ver cómo se presenta el modelo por parte de la vicepresidenta Montero, a quien ha calificado irónicamente como «la delegada del señor Junqueras», resaltando que incluso las comunidades autónomas del PSOE no están de acuerdo con la propuesta actual.
Este debate sobre la financiación autonómica no solo pone de manifiesto las diferencias políticas en el país, sino que también destaca la importancia de un sistema que sea justo y equitativo para todas las comunidades. La manera en que el Gobierno Vasco y otros ejecutivos regionales aborden este tema podría tener repercusiones significativas en la cohesión y el desarrollo de estas regiones en el futuro.
