La capitalidad de Euskadi ha sido objeto de debate y controversia desde que se estableció la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz. En una ley promulgada hace treinta años, se designó esta ciudad como el lugar donde se ubican las instituciones, pero sin mencionar explícitamente el término «capital». Este artículo único de la Ley de Sede de las Instituciones ha suscitado numerosas discusiones y tensiones, especialmente entre los diferentes partidos políticos y los poderes económicos de la región, siendo la Alianza Popular el único partido que votó en contra.
El 23 de mayo se conmemora el trigésimo aniversario de la ley, momento en el que Vitoria se prepara para una serie de celebraciones que incluirán eventos de carácter institucional y popular. A pesar de su estatus nominal de capital, la ciudad ha enfrentado la falta de reconocimiento legal más contundente, lo que ha llevado a que diversos sectores de la sociedad pidan un nuevo marco que refleje esta condición de manera más clara.
Desde la aprobación de la ley en 1980, nunca se ha realizado un estudio de impacto que evalúe los beneficios o repercusiones económicas y sociales de esta capitalidad. Aunque en 2008 se decidió realizar un estudio impulsado por Eusko Alkartasuna, su avance ha sido lento y ha quedado relegado a un segundo plano. Recientemente, el concejal José Navas ha propuesto reactivar este análisis, que busca entender mejor cómo afecta la condición de capital a Vitoria en términos de economía y sociología.
Entre tanto, la discusión sobre la capitalidad de la ciudad ha estado marcada por impresiones y opiniones variadas. Algunos destacan la proyección que proporciona a Vitoria cada vez que su nombre aparece en medios informativos, así como los ingresos fiscales generados por el empleo público. Sin embargo, otros opinan que esta condición también ha contribuido a la encarecida vivienda y a protestas en las sedes gubernamentales.
El actual alcalde, Patxi Lazcoz, ha adoptado un enfoque diferente al de su predecesor, prefiriendo estimular la identificación ciudadana con la idea de capitalidad en vez de buscar un consenso político. Según Lazcoz, es fundamental que los ciudadanos se sientan parte de este concepto, mientras sigue pendiente el reconocimiento legal que muchos consideran necesario. En el acto de presentación de los eventos del aniversario, Lazcoz reafirmó su postura de que la ciudadanía debe sentirse comprometida con la capitalidad.
El debate sobre la capitalidad ha generado reacciones diversas, incluso desde localidades vecinas como Bilbao. El alcalde de esta ciudad, Iñaki Azkuna, restó importancia a la condición de Vitoria al referirse a ella como «sede» de los servicios, lo que provocó la respuesta de varios actores políticos alaveses que consideraron que su comentario fue desafortunado. Por su parte, el firmante de la ley original, Carlos Garaikoetxea, criticó esta visión, considerando que podría avivar tensiones entre provincias.
A lo largo de estas tres décadas, Vitoria ha ganado en notoriedad y rango institucional, aunque el llamado a un reconocimiento formal sigue siendo un tema delicado. La actual administración socialista considera que no es necesario añadir el término «capital» a la ley, argumentando que la situación actual no implica una pérdida de beneficios. Sin embargo, la iniciativa está en camino al Parlamento y podría enfrentar obstáculos en un año electoral, complicando su tramitación.
El estudio que se prevé realizar podría ofrecer datos contundentes sobre los impactos de la capitalidad, desde la economía hasta la imagen de la ciudad. Este análisis, que se espera esté listo para finales de año, se llevará a cabo en colaboración con la Universidad del País Vasco y será fundamental para comprender mejor la relevancia de Vitoria dentro de la estructura institucional de Euskadi.
A medida que se aproxima el 20 de enero, fecha de una de las celebraciones más relevantes, la ciudad de Vitoria se encuentra en una encrucijada. La necesidad de un reconocimiento claro podría ser decisiva para su futuro como sede institucional, ya que el debate sobre su estatus no solo afecta a la política, sino también a la identidad y cohesión social de su población.
