En apenas tres días, se llevará a cabo una reunión crucial entre el Gobierno Vasco y el gobierno central para discutir la transferencia de cinco competencias pendientes del Estatuto de Gernika. Sin embargo, la consejera María Ubarretxena ha expresado dudas sobre la realización de este encuentro, programado para el próximo viernes. La incertidumbre se debe a la falta de un acuerdo definitivo que permita avanzar en estas transferencias, que incluyen las prestaciones por desempleo, algunas ayudas no contributivas de la Seguridad Social, el seguro escolar, así como el salvamento marítimo y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
Tras la reunión semanal del consejo de gobierno, la portavoz del Gobierno Vasco ha comentado que, hasta el momento, no hay claridad sobre si el encuentro se llevará a cabo. Ubarretxena ha reclamado un trato “respetuoso” y “serio” por parte del Gobierno central, insistiendo en que los compromisos previos deben ser cumplidos. “Los acuerdos institucionales se han de respetar”, ha advertido, reafirmando su disposición a seguir negociando hasta el último momento.
Las negociaciones han sufrido retrasos considerables, y aunque el objetivo era finalizar el traspaso de competencias antes de que finalice 2025, la última reunión prevista para el 29 de diciembre de 2022 tuvo que ser suspendida por el temor a un descontento visible. Esta reunión se reprogramó para el 16 de enero, pero aún está por determinar si habrá una nueva prórroga, levantando la posibilidad de que la negociación se dé por concluida si no hay avances significativos. Cabe recordar que estos traspasos fueron acordados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales en julio pasado.
El PNV, a través de su portavoz Aitor Esteban, ha lanzado advertencias a los socialistas, afirmando que si no se logra un acuerdo, no se quedarán “con los brazos cruzados”. Aunque no ha detallado las posibles acciones, los jeltzales han insinuado que podrían adoptar medidas de presión en el Congreso para influir en las negociaciones. Esta situación se produce en un contexto complicado para el Partido Socialista, que necesita apoyos en el Parlamento, pero enfrenta críticas internas por sus concesiones a los movimientos nacionalistas tanto en Cataluña como en el País Vasco.
La discusión sobre las transferencias del Estatuto de Gernika está ocurriendo simultáneamente con la negociación de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas, pactado con ERC, lo que ha generado tensiones en comunidades gobernadas por el PP y entre líderes del PSOE. La proximidad de elecciones en regiones como Aragón, Castilla y León y Andalucía limita aún más la capacidad de maniobra de los socialistas. El Gobierno Vasco ha manifestado su frustración por los obstáculos que están surgiendo en las negociaciones, enfatizando que no pueden existir interpretaciones personales sobre acuerdos institucionales que han sido respaldados tanto por el Gobierno central como por el Lehendakari. “No pedimos ni más ni menos que se respeten los acuerdos de la Comisión Bilateral de Cooperación”, ha remarcado la portavoz del Ejecutivo vasco.
La situación actual refleja un clima tenso en las relaciones entre el Gobierno Vasco y el gobierno central, donde la falta de acuerdos y la presión política podrían complicar aún más la posibilidad de alcanzar soluciones consensuadas. La fecha del próximo viernes se convierte, así, no solo en un hito para las transferencias de competencias, sino también en un punto de inflexión para las relaciones institucionales entre ambas administraciones.
