El Gobierno Vasco ha expresado una valoración muy positiva sobre el reciente anuncio del ministro del Interior, considerándolo una medida alineada con las propuestas planteadas anteriormente por el lehendakari, Patxi López, durante el pleno de política general en septiembre del año pasado. Esta iniciativa se enmarca en un contexto en el que se busca establecer una política penitenciaria más flexible, adaptada a la nueva realidad tras el cese de la violencia de ETA.
En este sentido, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, se reunió por la mañana con el ministro, resaltando que el Ejecutivo autónomo está dispuesto a colaborar en la implementación del plan. Esta disposición ha sido respaldada por el PSOE, que ha reiterado su apoyo a las políticas antiterroristas del Gobierno.
El lehendakari, quien participó en los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo de Gernika, delegó la reacción a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este último ha estado trabajando en la reinserción de presos en colaboración con el anterior Gobierno y mantiene una relación directa con varios de ellos. Loza afirmó que este anuncio representa «un paso positivo y un avance en la buena dirección» y destacó la necesidad de que los presos sigan un proceso individual de reinserción, siempre en cumplimiento de la legalidad.
En sus declaraciones, Loza también abordó la importancia de la disolución de la banda, señalando el contrasentido de que algunas organizaciones políticas acaten la legalidad mientras impiden que los presos hagan lo mismo. Resaltó que cada caso debe ser tratado de manera individual y que la reinserción debe ajustarse al Estado de derecho.
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, subrayó que es necesario «dar pasos juntos», reconociendo las circunstancias que afectan a todos los involucrados.
Por su parte, Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco, defendió el plan como «constitucional», argumentando que siempre ha existido la posibilidad de que un preso se arrepienta y colabore con la justicia. Afirmó que esto no implica impunidad para los condenados, enfatizando que no se busca liberar a los responsables de actos violentos.
Las reacciones a estas propuestas no han sido unánimes. La izquierda abertzale ha criticado el anuncio del Gobierno español, indicando que se ignoran las demandas de la sociedad vasca para poner fin a lo que consideran una política penitenciaria inhumana. En este sentido, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, perteneciente a Bildu, ha expresado que el nuevo plan no representa avances significativos y ha pedido la repatriación inmediata de todos los presos políticos y la excarcelación de aquellos que han cumplido parte de su condena.
Garitano argumenta que una sociedad que aspire a estar normalizada no puede sostener a 700 presos políticos, criticando lo que considera un inmovilismo por parte del Gobierno. Estas declaraciones reflejan el panorama complejo y tenso en torno a la política penitenciaria en el País Vasco, donde las expectativas de cambio chocan con las realidades del pasado reciente.
El camino hacia una política más conciliadora y adaptada a la nueva situación parece ser un desafío que requerirá la colaboración de todos los actores sociales y políticos. La situación actual invita a reflexionar sobre cómo avanzar hacia una reinserción efectiva y respetuosa con los derechos humanos, teniendo en cuenta las diversas sensibilidades que coexisten en la sociedad vasca.
