La controversia surgida en torno al Gobierno Vasco se intensifica tras la denuncia interpuesta por UPyD en Vitoria, donde se acusa al Ejecutivo de Íñigo Urkullu de incumplir la ley al financiar a medios de comunicación afines al PNV, incluidos el Grupo Noticias. Esta situación plantea serias dudas sobre la legalidad de los pagos realizados por informaciones favorables que no se presentaron como publicidad, lo que podría considerarse un trato de favor y una vulneración de la normativa vigente.
La investigación ha sido asignada al Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, donde ya se ha tomado declaración al ex director de Comunicación del lehendakari, Iñaki Bernardo, quien dimitió el pasado octubre tras ser imputado. La querella incluye la posible comisión de tres delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude en la contratación con las Administraciones. Se estima que el monto implicado en el ejercicio de 2013 alcanzaría los 241.180 euros. Sin embargo, el foco de la discusión no radica solo en la cantidad, sino en el uso de recursos públicos para favorecer a ciertos medios de comunicación.
Bernardo es el único denunciado hasta el momento, aunque UPyD ha anunciado su intención de ampliar la causa, buscando la imputación de todos los responsables de Comunicación del Gobierno. Dicha decisión busca arrojar luz sobre la posible implicación de otros altos cargos en este asunto. UPyD sostiene que Bernardo solo ha asumido la responsabilidad por dos de los contratos sospechosos, lo que contrasta con la postura del Gobierno, que defiende que estos acuerdos son simples contratos de patrocinio y no de publicidad, alegando que cumplen con la normativa legal.
El partido magenta ha seguido adelante con esta denuncia a pesar de su reducido peso político en el País Vasco, donde apenas cuenta con un representante en la asamblea legislativa. Gorka Maneiro, parlamentario y coordinador de la Gestora de UPyD, ha enfatizado que el objetivo es asegurar que el Gobierno actúe de manera legal y transparente, y no utilice el dinero de los contribuyentes para sus propios beneficios. “Queremos que se haga justicia y se pueda saber si el Gobierno vasco vulneró la legalidad vigente”, ha declarado Maneiro, calificando esta situación como un “escándalo democrático”.
La polémica no es nueva, ya que UPyD había denunciado en 2014 que el Gobierno vasco estaba pagando a medios cercanos al PNV por contenidos que aparentaban ser noticias normales, pero que estaban subvencionados. Inicialmente, se identificaron cinco contratos por un total de 86.763 euros, que incluían pagos por reportajes y entrevistas a expertos en diversas áreas, como educación y salud. Posteriormente, se sumaron otros siete contratos, llevando el total a 148.110 euros en irregularidades potenciales, según la normativa de Publicidad y Comunicación vigente que prohíbe la difusión de campañas sin una identificación clara.
En varios de estos informes, el espacio ocupado por estos contenidos no se marcaba como publicitario, lo que podría llevar a confusión entre los lectores. Esta falta de claridad ha sido un punto clave en las acusaciones, que también incluyen otros trece contratos supuestamente irregulares por un valor de 72.607 euros, todos relacionados con Onda Vasca. UPyD ha destacado que no se ha podido verificar si los oyentes estaban al tanto de que estaban ante programas patrocinados.
El debate ha llegado al Parlamento Vasco, donde la oposición, desde EH Bildu hasta el PP, ha expresado su apoyo a las alegaciones de UPyD, resultando en una reprobación de la actuación del lehendakari y su Gobierno en julio de 2014. Urkullu, por su parte, ha reconocido errores en la interpretación de la normativa sobre patrocinios, pero ha insistido en que no ha habido ilegalidades. Su Ejecutivo ha defendido que la asignación de recursos a medios como el Grupo Noticias se encuentra dentro de un marco equitativo, dado que representa un porcentaje inferior al de su audiencia en la región.
El Parlamento ha exigido en dos ocasiones la recuperación de los fondos destinados a publicidad que se consideran irregulares, aunque el Gobierno ha presentado informes jurídicos que sostienen que se trataba de «servicios efectivamente prestados». En este contexto, se han adoptado medidas correctivas para garantizar un manejo más riguroso de la publicidad institucional, incluyendo la obligación de identificar claramente la participación del Gobierno en todos los contratos de patrocinio.
En el último informe sobre la inversión publicitaria, se detalló que el gasto total alcanzó 1.208.313 euros durante el segundo cuatrimestre de 2015. Este informe fue presentado en enero y muestra que, en términos de inversión, el Grupo Vocento es el mayor receptor, seguido a distancia por el Grupo Noticias. A pesar de las críticas, UPyD continúa denunciando que Onda Vasca recibe de manera desproporcionada más fondos públicos que su posición en la audiencia justificaría.
La situación refleja un contexto complejo en el que el uso de dinero público y la transparencia de los medios de comunicación se encuentran en el centro del debate político en el País Vasco. UPyD se ha comprometido a asegurarse de que se haga un uso correcto de los recursos públicos, reclamando justicia y responsabilidad para aquellos que puedan haber cometido delitos en este proceso.
