El Ayuntamiento de Donostia ha comenzado el procedimiento para la desafectación del edificio de La Cumbre, con el objetivo de transformarlo en un centro de memoria. Este avance se produce tras la recepción, el miércoles, de una solicitud de la Delegación del Gobierno central para iniciar dicho proceso. Esta acción, solicitada previamente por el Gobierno municipal, llega después de la aprobación de la documentación por parte de los órganos competentes del Gobierno central.
Desde la administración local, se ha indicado que esta etapa marca el inicio del trámite definitivo para la cesión del palacio, lugar donde fueron detenidos y torturados los supuestos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en un hecho que se considera el crimen fundacional del GAL. El Consistorio tiene la intención de establecer en el palacio un centro de Memoria que se base en criterios de justicia y reparación, colaborando con otras instituciones en su definición. Este paso es un cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que contempla la cesión de La Cumbre por parte del Gobierno de España. Además, se prevé que los jardines del edificio sean accesibles al público.
El edificio, levantado alrededor de 1862, cuenta con una superficie que oscila entre 12.000 y 18.000 metros cuadrados, dependiendo de la fuente consultada. En 1944, el Estado, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, adquirió la propiedad. Durante la dictadura de Francisco Franco, el palacio se utilizó como una de sus residencias de verano. Existen registros en el archivo de la Kutxateka que muestran imágenes de recepciones celebradas allí por figuras como Carmen Polo, esposa de Franco, y Luis Carrero Blanco, su sucesor. Tras el cambio de régimen, el uso de la instalación fue disminuyendo. En 1981, se documentó una estancia del entonces jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, y su esposa Sofía, donde el espacio tuvo que ser amueblado de prisa con piezas del palacio de Miramar, lo que provocó en el rey recuerdos de su infancia.
En 1983, el palacio fue transferido del Ministerio de Exteriores al de Interior. Pocos meses después, se registraron los hechos más graves en la finca, cuando agentes de la Guardia Civil del conocido GAL ‘verde’ secuestraron a Lasa y Zabala y los ocultaron en el sótano del palacio. Según reportes, un grupo de entre 16 y 18 agentes, en coordinación con los mandos de Intxaurrondo, estaba encargado de las vigilancias y de los interrogatorios bajo tortura. Después, ambos fueron trasladados a Alicante, donde sus cuerpos fueron enterrados en cal viva. Los restos de Lasa y Zabala fueron hallados en 1985 y finalmente identificados en 1995. Tras este trágico episodio, La Cumbre fue utilizada como residencia por varios gobernadores civiles de Gipuzkoa, todos ellos de tendencia socialista. En la actualidad, el uso del palacio por parte del Estado es muy limitado, según testimonios de antiguos cargos de la Delegación del Gobierno.
Este proceso de transformación del edificio se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio para abordar cuestiones de memoria histórica en España, particularmente en relación con la violencia ejercida durante la transición democrática y los años del terrorismo de Estado. La creación del centro de memoria en La Cumbre no solo busca honrar la memoria de las víctimas, sino también promover un espacio de reflexión sobre los derechos humanos y la justicia. Este proyecto podría tener un impacto significativo en la manera en que se aborda el pasado reciente en el contexto de la sociedad vasca y española.
