El Gobierno Vasco ha acordado la transferencia de la gestión de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social a la comunidad autónoma, aunque esta medida no incluye las prestaciones por desempleo. Esta acción implica un coste aproximado de 100 millones de euros y se espera que beneficie a unas 20.000 personas en el País Vasco. El anuncio tuvo lugar durante una reunión de la comisión bilateral que se celebró el pasado martes en el Palacio de La Moncloa, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales.
En virtud de este acuerdo, el País Vasco asumirá la responsabilidad de gestionar y abonar las tres prestaciones familiares, manteniendo el Estado el control normativo sobre ellas. Esto significa que mientras el Gobierno Vasco se encargará de los pagos, no tendrá la capacidad de modificar los importes fijados por el Estado.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión, Pradales subrayó que este acuerdo representa un avance significativo en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, el cual había estado cerrado durante años. «Por fin se ha abierto» esta puerta, indicó el lehendakari, haciendo referencia a los largos años de «incumplimiento» del Estatuto de Gernika en este ámbito.
Además de las prestaciones familiares, durante la reunión se abordaron otras cuestiones importantes. Se acordó el traspaso de las funciones y servicios de Salvamento Marítimo, así como la ampliación de medios patrimoniales vinculados a los servicios de la Seguridad Social. También se ha planteado la posibilidad de avanzar hacia la «gestión aeroportuaria de Euskadi», lo que podría tener un impacto considerable en la organización y administración de este sector en la comunidad.
Este acuerdo no solo implica un cambio en la gestión de las prestaciones, sino que también representa un paso hacia una mayor autonomía para el País Vasco en la administración de sus recursos sociales, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la calidad de vida de sus ciudadanos. La capacidad para gestionar estas prestaciones de forma directa permitirá a la comunidad adaptarlas mejor a las necesidades de sus habitantes, aunque el control normativo seguirá recayendo en el Estado.
El traspaso de las prestaciones no contributivas se enmarca en un contexto más amplio de negociaciones entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco, que busca aumentar el grado de autogobierno de la comunidad. Este proceso de descentralización es clave para el desarrollo de políticas más cercanas a la realidad social y económica de Euskadi, un objetivo que ha sido una constante en la agenda política del lehendakari.
Con la firma de este acuerdo, el Gobierno Vasco se hace cargo de la gestión de prestaciones que, hasta ahora, eran competencia del Estado, marcando un hito en la historia de la administración pública en la comunidad. La gestión de las prestaciones no contributivas es fundamental para garantizar la protección social de aquellos grupos más vulnerables y asegurar un nivel de bienestar adecuado para todos los ciudadanos.
A medida que avanza este proceso, la atención se centrará en cómo se implementarán las medidas acordadas y qué efectos tendrán en la vida diaria de los ciudadanos vascos. Este acuerdo abre la puerta a futuras negociaciones que podrían ampliar aún más las competencias del País Vasco en diversas áreas, consolidando así su autonomía y capacidad de gestión.
En resumen, el acuerdo alcanzado representa un avance significativo en la relación entre el Gobierno central y el Gobierno Vasco, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vascos a través de una gestión más directa y adaptada a las necesidades locales.
