El Gobierno Vasco ha decidido intervenir en el conflicto que se ha generado entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad. Esta acción plantea un desafío al Gobierno central: sentarse a dialogar sobre el Estatuto Marco Propio que exige el colectivo médico o, en su defecto, transferir a Euskadi las competencias necesarias para que se lleve a cabo este pacto a nivel autonómico. La propuesta fue formulada por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en un contexto marcado por una huelga del sector que ha provocado la anulación de miles de consultas.
Durante una comparecencia ante los medios en el Parlamento Vasco, Martínez subrayó que «no se puede jugar al despiste ni eludir las responsabilidades». Esta afirmación resalta la disposición de Euskadi a asumir la responsabilidad de establecer su propia legislación en el caso de que el Gobierno central no tome medidas.
El impacto de la huelga se ha hecho evidente en Osakidetza, donde el seguimiento por parte de los profesionales médicos ha alcanzado un 16 %. Esta cifra resulta significativa, ya que afecta a miles de pacientes que dependen de los servicios de salud. En solo los dos primeros días de huelga, se cancelaron un total de 10.391 consultas en Atención Primaria y 2.752 en pediatría, además de 569 cirugías, 10.221 consultas de especialistas y 6.156 pruebas diagnósticas. Las proyecciones para el resto de la semana indican que estas cifras podrían duplicarse o incluso triplicarse.
Martínez ha manifestado su preocupación por la falta de avances en las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos, afirmando que, en este momento, «no hay ningún gesto que permita vislumbrar una salida». Considera que la huelga, aunque legítima, requiere una «solución urgente» para minimizar el impacto en la ciudadanía. El consejero también ha resaltado la importancia de establecer un diálogo efectivo, reconociendo que «ninguna negociación es sencilla».
En su crítica a la inacción del Ministerio, ha hecho un llamado para que se reactive la negociación sin exclusiones, considerando la situación de todos los profesionales de la salud, incluido el sector médico. Martínez enfatizó que «no es el momento de rehuir las competencias ni las responsabilidades de cada cual», cuestionando la postura del Gobierno central en este asunto. Si el Ministerio «no reconoce» que su función es «legislar, regular y coordinar», la situación «se vuelve extremadamente grave». Esta inacción, según el consejero, deja a las comunidades «sin cobertura normativa y potencialmente sin garantías constitucionales».
En medio de este bloqueo, Martínez ha expresado su disposición a dialogar con el Ministerio para «explorar una ampliación del autogobierno vasco» en el ámbito de la sanidad. En este sentido, ha declarado que «si el Ministerio considera que no está en condiciones de abordar esa negociación, nosotros demandamos la capacidad de tener nuestro propio Estatuto Marco».
En otro tema relacionado, el consejero ha confirmado que el Departamento de Salud proporcionará toda la información necesaria a la Fiscalía Vasca sobre la administración de vacunas caducadas por parte de Osakidetza. Según los últimos datos, el número de personas afectadas se ha reducido a 84, todas las cuales han recibido una nueva vacunación.
La Fiscalía Superior del País Vasco ha iniciado diligencias de investigación para determinar si la administración de estas vacunas podría constituir un delito contra la salud pública. Además, el consejero ha indicado que la Ertzaintza, actuando como policía judicial, ha entregado el requerimiento a la Dirección General de Osakidetza, afirmando: «Nos ponemos a su disposición en todos los ámbitos que lo necesiten».
La situación actual plantea importantes retos para el sistema de salud en Euskadi. A medida que continúa la huelga y se multiplica el número de consultas y procedimientos cancelados, se hace urgente que las autoridades encuentren una solución que atienda tanto las demandas de los profesionales de la salud como las necesidades de los pacientes, garantizando así el acceso a servicios de calidad.
