El Gobierno Vasco ha reafirmado su compromiso con la legalidad en el proceso de concesión de la progresión de grado para los internos en las prisiones de Euskadi, independientemente de su afiliación política. Esta afirmación fue realizada por la portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo.
La cuestión surgió tras el anuncio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha decidido recurrir la concesión del tercer grado penitenciario a Asier Arzalluz Goñi, un exmiembro de ETA condenado por varios atentados, incluido el que resultó en la muerte del periodista José Luis López de Lacalle en Andoain, Gipuzkoa, el 7 de mayo de 2000. Esta decisión ha generado un debate sobre cómo se gestionan las progresiones de grado dentro del sistema penitenciario vasco.
Ubarretxena subrayó que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, dirigido por la consejera socialista María Jesús San José, toma estas decisiones siguiendo estrictamente lo que establece la normativa. La portavoz enfatizó que todas las resoluciones adoptadas en este ámbito se realizan cumpliendo a rajatabla la legalidad vigente, lo que implica una separación clara entre las decisiones administrativas y las judiciales.
Respecto al recurso presentado por la Fiscalía, Ubarretxena manifestó que el Gobierno Vasco respeta las acciones llevadas a cabo por el sistema judicial. Esto deja claro que, aunque la administración penitenciaria actúe de acuerdo con la ley, también está sujeta al escrutinio de las instituciones de justicia, lo cual es vital para el mantenimiento del estado de derecho.
La discusión sobre la progresión de grado de los reclusos, especialmente aquellos vinculados a ETA, es un tema sensible en Euskadi, donde la memoria histórica y los efectos del terrorismo siguen presentes en la sociedad. Las decisiones en este ámbito son objeto de atención no solo por su impacto en los individuos afectados, sino también por las repercusiones que pueden tener en la percepción pública sobre la justicia y la reintegración de los reclusos.
En este contexto, el papel del Gobierno Vasco es crucial para garantizar que se respeten los derechos de todos los internos, al mismo tiempo que se atienden las preocupaciones legítimas de la sociedad. La administración autonómica se encuentra en un equilibrio delicado entre la legalidad y la ética pública, lo que la obliga a actuar con mucha cautela y transparencia.
La sociedad vasca está atenta a cómo evoluciona esta situación, ya que puede influir en futuros procesos de revisión de condenas y en cambios en el régimen penitenciario. La forma en que se gestionen estos casos no solo afecta a los reclusos, sino también a la confianza pública en las instituciones. Por lo tanto, el Gobierno Vasco está obligado a comunicar de manera efectiva las razones detrás de cada decisión, para evitar malentendidos y fomentar un diálogo constructivo sobre el tema.
