Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordóñez, en 1995, ha obtenido un régimen de semilibertad desde el 2 de enero gracias a una autorización del Gobierno Vasco. Este permiso se basa en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a los reclusos salir de la prisión de lunes a viernes, con la obligación de regresar por las noches. Esta misma normativa fue utilizada recientemente para conceder permisos al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki.
Carasatorre, que cumple una pena de 30 años por el crimen, fue condenado junto a otros miembros de ETA, incluyendo a Javier García Gaztelu, alias Txapote, y Valentín Lasarte. No solo fue responsable del asesinato de Ordóñez, sino también de otros crímenes, como el del brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría, y el del inspector de Policía, Enrique Nieto. Actualmente, se encuentra recluido en el penal de Zaballa, en Álava.
La hermana del concejal asesinado, Consuelo Ordóñez, que es presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), ha expresado su deseo de mantener un encuentro restaurativo con Carasatorre. Esta no es la primera vez que busca diálogo, ya que en 2012 se reunió con Lasarte. Su petición refleja el anhelo de muchos familiares de víctimas por abordar el dolor y la memoria de los actos de terrorismo en Euskadi.
El artículo 100.2 se considera un régimen intermedio que permite a los reclusos prepararse para su reinserción social, facilitando la realización de trabajos o actividades de voluntariado. Para acceder a este beneficio, el interno debe presentar un “plan de ejecución” que detalla su ocupación durante la estadía fuera de prisión, el cual debe ser aprobado por la junta de tratamiento del centro penitenciario.
No obstante, la concesión de este tipo de permisos ha generado controversia, especialmente entre las organizaciones de víctimas del terrorismo. Estas han denunciado que se están otorgando «terceros grados fraudulentos», argumentando que socavan el principio de arrepentimiento que se requiere para acceder a beneficios penitenciarios. La preocupación de estos colectivos es palpable, destacando el dolor que estas decisiones infligen a quienes sufrieron la violencia de ETA.
En el marco de la polémica, la consejera María Ubarretxena ha defendido la legalidad de las decisiones tomadas por el Gobierno Vasco. En sus declaraciones, Ubarretxena subrayó que «se ha respetado escrupulosamente» la normativa en la concesión de permisos a los internos, sean estos o no presos de ETA. Reconoció que estas decisiones son dolorosas para las víctimas, pero enfatizó que el Ejecutivo actúa dentro del marco del Estado de derecho.
La crítica a las políticas del Gobierno Vasco se intensificó a raíz de las recientes autorizaciones de permisos para varios exetarras, lo que algunos consideran una «amnistía encubierta». Covite ha sido uno de los principales denunciantes, argumentando que estos permisos no solo desvirtúan el proceso de reintegración, sino que además pueden contribuir a una percepción errónea de la justicia en relación con los crímenes de ETA.
A medida que la sociedad vasca continúa lidiando con el legado del terrorismo, los debates sobre la política penitenciaria y el tratamiento de los reclusos condenados por delitos de sangre seguirán siendo un tema candente. La búsqueda de un equilibrio entre el respeto a los derechos de los reclusos y la necesidad de justicia para las víctimas plantea interrogantes difíciles para el Gobierno Vasco y la sociedad en su conjunto.
