La situación de seis mujeres de origen paquistaní en Euskadi ha generado una gran preocupación tras el arresto de sus maridos por un presunto fraude de 375.000 euros relacionado con el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide. Estas mujeres, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, deben enfrentar un dilema crítico: divorciarse de sus parejas en prisión o renunciar a cualquier tipo de ayuda social, incluyendo la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda, que se han visto suspendidas desde la detención de sus esposos el pasado 15 de mayo.
La consejera María Ubarretxena ha manifestado que la única opción para que estas mujeres puedan acceder de nuevo a las ayudas es desvincularse de sus maridos, lo que plantea un grave conflicto cultural. En Pakistán, el divorcio conlleva un estigma social que puede resultar en marginación y, en ocasiones, en situaciones de violencia extrema. La presidenta de la asociación Mujeres Libres por la Igualdad de Derechos, Kalsoom Safi, ha denunciado la crueldad de esta exigencia, sugiriendo que se les está forzando a elegir entre su dignidad y su sustento.
Desde su detención, las mujeres han quedado en una situación de indefensión total, ya que no solo se enfrentan a la pérdida de ingresos, sino también a la posibilidad de quedarse sin hogar. Safi advirtió que si no se les concede la RGI, ellas y sus hijos podrían verse obligados a vivir en la calle. Esto se complica aún más por el hecho de que el divorcio no es simplemente un trámite administrativo en su cultura, sino una condena social que podría llevarlas a ser repudiadas por sus familias.
La Consejería de Empleo insiste en que la normativa que regula la RGI se aplica a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, y que el divorcio es un «mero trámite administrativo». Sin embargo, el contexto cultural de las afectadas no parece ser considerado en la aplicación de estas normativas, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de sensibilidad hacia su situación. Esta postura ha sido respaldada por funcionarios de Lanbide, quienes confirmaron que sugirieron a las mujeres el divorcio como única alternativa para continuar recibiendo la RGI.
El artículo 43.1.c. del Decreto 147/2010, que regula la RGI, establece que la suspensión de la prestación puede ocurrir si un miembro de la unidad de convivencia entra en prisión por más de un mes. Sin embargo, el caso de estas mujeres es más complicado, ya que forman parte de unidades familiares más amplias, lo que podría ofrecer una vía para no perder el derecho a la ayuda. Un documento interno de Lanbide sugiere que en tales situaciones se podría considerar un cambio de titularidad siempre que otro miembro de la unidad cumpla con los requisitos necesarios.
Las mujeres han recurrido al sindicato ESK en busca de asesoramiento, donde el economista Iñaki Uribarri ha afirmado que la ley no exige un divorcio para que puedan volver a acceder a la RGI, sino que es suficiente con modificar la titularidad de la unidad de convivencia. Sin embargo, ha indicado que si Lanbide mantiene su rechazo, será necesario que la Justicia intervenga para proteger sus derechos. Uribarri también ha expresado su preocupación por un posible racismo institucional, al señalar que en los últimos meses se ha suspendido la RGI a numerosas familias paquistaníes.
El Gobierno Vasco ha desmentido las acusaciones de trato discriminatorio, asegurando que las mismas condiciones se aplican a todas las nacionalidades. Sin embargo, las exigencias como la declaración jurada que certifique la ausencia de bienes en Pakistán complican aún más la situación, dado que este tipo de documentación es difícil de obtener en ese país. La Consejería ha instado a las afectadas a que se pongan en contacto con su embajada para facilitar el proceso.
A medida que avanza esta situación, la comunidad paquistaní en Euskadi ha expresado su preocupación por el aumento del estigma y el racismo hacia sus miembros. Las instituciones locales se enfrentan a un dilema: cómo aplicar normas de manera justa sin desatender las realidades culturales de las personas afectadas. Esta circunstancia resalta la necesidad de un enfoque más humano y sensible en la gestión de ayudas sociales, que tenga en cuenta las complejidades de la vida de los inmigrantes en la región.
