El Gobierno Vasco ha reafirmado este martes su compromiso con la legalidad en la gestión de la progresión de grado de los reclusos en las cárceles de Euskadi, independientemente de si son o no presos de ETA. Esta declaración fue realizada por la portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La intervención de Ubarretxena se produjo en respuesta a la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de recurrir la progresión al tercer grado penitenciario de Asier Arzalluz Goñi, un antiguo miembro de ETA condenado por varios atentados, incluido el que tuvo como víctima al periodista José Luis López de Lacalle en Andoain, Gipuzkoa, el 7 de mayo de 2000.
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, bajo la dirección de la consejera socialista María Jesús San José, fue el encargado de tomar la decisión sobre la progresión de grado del mencionado recluso. En este sentido, Ubarretxena subrayó que estas resoluciones se adoptan cumpliendo la legalidad vigente, reforzando así la postura del Gobierno respecto al respeto de la normativa judicial.
Además, la portavoz del Ejecutivo dejó claro que, en relación con el recurso presentado por la Fiscalía, el Gobierno Vasco respeta las decisiones y actuaciones de la justicia. Esta postura se enmarca en un contexto en el que la administración pública busca garantizar que todo proceso relacionado con los reclusos se desarrolle en plena conformidad con la ley.
La situación actual respecto a la progresión de grado de reclusos ha suscitado un amplio debate en la sociedad vasca. Las decisiones sobre el tratamiento penitenciario son objeto de análisis no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el ámbito social y político. Este caso particular del antiguo miembro de ETA pone de manifiesto la complejidad y sensibilidad que rodea a las decisiones en materia de justicia y derechos humanos.
La Copa del Rey, que se acerca a su fase final, también ha hecho que el debate sobre la legalidad y los derechos de los reclusos adquiera mayor relevancia. Algunos sectores del ámbito político han expresado su preocupación acerca de cómo estas decisiones pueden influir en la percepción pública de la justicia en Euskadi.
En definitiva, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso con el respeto a la legalidad en el tratamiento de los reclusos, subrayando la importancia de mantener la independencia judicial y la transparencia en todas las decisiones que se tomen en este ámbito. La sociedad vasca sigue atenta a cómo se desarrollan estas situaciones, que sin duda marcarán el futuro de la política penitenciaria en la comunidad autónoma.
