La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto un recurso contra la decisión del Gobierno Vasco de otorgar el tercer grado al etarra Asier Arzalluz Goñi, quien cumple condena por diversos atentados, entre ellos el intento de asesinato de la teniente de alcalde de Portugalete, Esther Cabezudo, el 28 de febrero de 2002, y el homicidio del periodista José Luis López de Lacalle, cometido el 7 de mayo de 2000.
El ministerio público subraya que, aunque la Administración ha valorado positivamente la “petición de perdón a las víctimas” y el reconocimiento de la implicación de Arzalluz en los delitos por los que fue condenado, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva del artículo 100.2 del Reglamento penitenciario antes de aplicar el tercer grado. Esta normativa permite a ciertos reclusos acceder a un régimen de semilibertad, el cual ya ha sido concedido a otros condenados por terrorismo.
En un comunicado emitido este lunes, la Fiscalía destacó la importancia de analizar la eficacia del régimen de semilibertad al que está sujeto Arzalluz. Este régimen permite a los presos salir para trabajar o participar en actividades de voluntariado y requiere un tiempo adecuado para su valoración. La institución recuerda que el Tribunal Supremo establece que la progresión en los grados penitenciarios debe tener “consistencia temporal” y ser el resultado de un proceso consolidado, y no de una decisión reciente.
El coordinador de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía, Carlos García Berro, enfatiza que en el caso de Arzalluz no ha sido posible llevar a cabo esta evaluación adecuada, ya que se necesitan “periodos prolongados de observación” para comprobar resultados reales, en lugar de un intervalo tan corto como de tres o cuatro meses, que “no acredita estabilidad” ni muestra “una evolución prolongada”. Además, recalca que esta corta duración no permite verificar cambios consolidados, lo que contradice el criterio de prudencia que se exige para delitos graves.
Por dicha razón, la Fiscalía ha decidido recurrir ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la resolución adoptada el pasado 10 de febrero por la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Desde que en octubre de 2021 la competencia de la gestión de las prisiones vascas pasara a este Ejecutivo autonómico, se han otorgado un total de 111 terceros grados a convictos de ETA, según información proporcionada por la consejera María Jesús San José.
El debate en torno a la concesión de grados penitenciarios a condenados por terrorismo es un tema sensible y polémico en la sociedad vasca. Las decisiones que toma el Gobierno Vasco en este ámbito generan reacciones diversas en la población, así como en las entidades y organizaciones que representan a las víctimas del terrorismo. Estas organizaciones suelen mostrar su preocupación ante la posibilidad de que se otorguen beneficios penitenciarios a quienes han causado un gran sufrimiento a las víctimas y sus familias.
Este caso, que involucra a un etarra con un historial de delitos graves, es un ejemplo de cómo las decisiones sobre la política penitenciaria se encuentran en el centro del debate público. La Fiscalía, al presentar su recurso, busca asegurar que se respete la ley y que las medidas de semilibertad se apliquen de manera justa y evaluable, teniendo en cuenta tanto los derechos de los reclusos como la memoria y el dolor de las víctimas del terrorismo.
La resolución que tome el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria será crucial, no solo para el futuro de Arzalluz, sino también para el enfoque general que se adopte en casos similares. La atención estará centrada en cómo se manejarán los siguientes pasos por parte del Gobierno Vasco y la respuesta de la sociedad ante estas decisiones penitenciarias que afectan a la memoria histórica y a la justicia en Euskadi.
