El Gobierno Vasco ha mostrado una valoración favorable respecto al reciente anuncio del ministro del Interior. Según fuentes consultadas, se considera que esta iniciativa se alinea adecuadamente con las propuestas presentadas por el lehendakari Patxi López durante el pleno de política general del pasado mes de septiembre. Esta decisión también responde a la demanda, reiterada desde el cese de la violencia por parte de ETA, de establecer una política penitenciaria más flexible y adaptada a la nueva realidad.
El Ejecutivo autónomo, a través de su consejero de Interior, Rodolfo Ares, ha manifestado su disposición a colaborar y facilitar la implementación del plan. Desde el PSOE, se ha reiterado el compromiso de apoyar al Gobierno en la política antiterrorista, como ha enfatizado la vicesecretaria de organización socialista, Elena Valenciano.
Patxi López, quien participó el día anterior en Gernika en los actos conmemorativos del 75º aniversario del bombardeo, ha delegado la respuesta a su comisionado para la paz y la convivencia, Jesús Loza. Este último ha estado trabajando en gestiones relacionadas con el ministerio, incluso antes de que se formalizara su figura. Loza ya había colaborado en la vía Nanclares con el Gobierno de Zapatero y mantiene contacto con varios presos en proceso de reintegración.
El comisionado ha calificado la situación como «un paso positivo y un avance en la buena dirección», subrayando que otro aspecto clave sería la disolución de la banda. Además, Loza ha indicado que resulta contradictorio que Batasuna cumpla la ley de partidos para estar en las instituciones mientras impide que los presos hagan lo mismo, lo que limita su posibilidad de reinserción. Ha apuntado que el concepto central de esta situación es la «reinserción», la cual debe ser individual y acorde a la legalidad y el Estado de derecho.
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha subrayado en Bilbao que el plan es completamente “constitucional” y que siempre ha existido la opción de que un preso se distancie de su pasado y colabore con la Justicia. No obstante, ha asegurado que esto no implicará «impunidad para los presos ni que los asesinos salgan gratis a la calle».
Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha expresado que el plan presenta “una arista” en relación a la interpretación del perdón hacia las víctimas, lo que debería ser revisado, ya que se trata de un tema muy personal. “Debemos dar entre todos los pasos, debemos ayudar entre todos, siendo muy conscientes de las circunstancias que afectan a unas y otras partes”, indicó Urkullu en declaraciones a la SER.
Desde la perspectiva de la izquierda abertzale, ha habido críticas hacia el plan. En un comunicado, se ha manifestado que el Gobierno español del Partido Popular ignora la demanda de la sociedad vasca de poner fin a la política penitenciaria que afecta a los presos políticos vascos. «La sociedad vasca exige que se deje de aplicar una política inhumana de excepción», se afirmaba en el texto.
El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, de Bildu, también ha manifestado su descontento, señalando la falta de «avances sustanciales» en el nuevo plan. En sus declaraciones en Gernika, ha pedido la «repatriación inmediata de todos los presos políticos vascos» y la excarcelación de aquellos que han cumplido tres cuartas partes de su condena, así como de los enfermos. Garitano ha opinado que “una sociedad normalizada políticamente no puede mantener a 700 presos políticos” y ha criticado el inmovilismo del Gobierno en esta cuestión.
El camino hacia una política penitenciaria más justa y humana en el País Vasco avanza en medio de opiniones divergentes, y es evidente que el diálogo y la reflexión serán necesarios para abordar los desafíos actuales. Con la colaboración del Gobierno Vasco y el resto de instituciones implicadas, se espera que se logren avances significativos que favorezcan tanto a los reclusos como a la sociedad en su conjunto.
