Trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio y Trapagaran se concentraron este viernes en Vitoria, demandando la intervención del Gobierno Vasco y la Diputación de Álava ante la complicada situación que enfrenta la empresa, que ha anunciado la intención de despedir a 301 empleados. La cita, que se realizará en la sede del Gobierno Vasco a las nueve de la mañana, busca lograr un compromiso por parte de las autoridades para encontrar una solución a este conflicto laboral.
Este encuentro se produce tras la aparición de un plan de viabilidad presentado por la compañía, en el que se advierte sobre unas pérdidas provisionales de 71,3 millones de euros para el año 2025. Entre las medidas que contempla dicho plan se incluye un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará principalmente a la fábrica de Trapagaran, donde se prevé el despido de 274 trabajadores, así como el cese de la actividad de la acería.
La reunión con el Gobierno Vasco y la Diputación era necesaria desde antes de que se diera a conocer el plan de ajustes, pero cobró mayor relevancia una vez que el comité de empresa tuvo conocimiento de las medidas. En respuesta a esta situación, el comité de trabajadores de Amurrio, perteneciente a UGT, ha convocado una huelga de 24 horas que comenzó a las diez de la noche anterior y que se acompaña de una movilización ante la sede del Gobierno Vasco en Vitoria.
La concentración está programada para desarrollarse de nueve a once de la mañana, coincidiendo con la reunión con los responsables del Gobierno Vasco. El presidente del comité de Tubos Reunidos en Amurrio, Andrés García, ha manifestado que durante este encuentro se insistirá en la gravedad del problema, que no solo afecta a la plantilla de la empresa, sino que tiene repercusiones en toda la comarca.
Con esta situación, los trabajadores esperan que las autoridades tomen conciencia de la magnitud del conflicto y se comprometan a buscar alternativas que eviten la pérdida de empleo en una zona ya afectada por problemas económicos. La preocupación en la región es palpable, y la respuesta que den el Gobierno Vasco y la Diputación será crucial para determinar el futuro de Tubos Reunidos y de los miles de empleos que dependen de su actividad.
Esta circunstancia añade presión a las instituciones, que enfrentan un reto significativo en la gestión de la crisis industrial. La implicación del Gobierno Vasco en la búsqueda de soluciones es fundamental, no solo para los trabajadores de Tubos Reunidos, sino para garantizar la estabilidad económica de toda la comarca afectada. La atención está puesta en la reunión, que podría marcar un punto de inflexión en la difícil situación que atraviesa la empresa y sus trabajadores.
