El Gobierno Vasco, liderado por el consejero de Economía y Empleo, Mikel Torres, ha programado una reunión con los comités de empresa de la división tecnológica de Ayesa en un esfuerzo por ofrecer seguridad a los aproximadamente 3.500 empleados que laboran en Sevilla. Esta iniciativa se da tras las conversaciones que tuvieron lugar en el Parlamento andaluz, donde la consejera de Empleo, Rocío Blanco, confirmó la importancia de aclarar el futuro laboral de los trabajadores. Este encuentro busca atender las inquietudes planteadas por los representantes sindicales a la Junta, quienes han requerido respuestas sobre la estabilidad de los puestos de trabajo.
En un contexto empresarial en evolución, Ayesa ha tomado control de la empresa vasca Ibermática, lo que ha generado un debate sobre las implicaciones para los empleados afectados. El anuncio de un aumento del 10% en la plantilla por parte de Kutxabank fue también un punto destacado por la consejera, quien indicó que, aunque se está pendiente de la operación, no se han expresado preocupaciones significativas respecto al cambio organizativo. Esta expansión en la contratación sugiere un movimiento favorable en el mercado laboral tecnológico en Euskadi.
Durante el debate parlamentario del jueves, que ocurrió una semana después de la reunión entre el consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, y su homólogo vasco, Mikel Jauregi, se transmitió un mensaje de calma. Sin embargo, fueron evidentes las demandas de los comités de empresa que buscan acuerdos que aseguren la protección de los empleos. La diputada Begoña Iza, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, criticó fuertemente la falta de acción de la Junta, refiriéndose a la pérdida de la sede fiscal como una situación que perjudica a Andalucía, sugiriendo que la decisión beneficiará a Vizcaya y que la región andaluza perderá ingresos significativos.
La crítica hacia la administración andaluza se intensificó con declaraciones de Guillermo Buces, presidente de Cebek, quien señaló la necesidad de trasladar la sede fiscal a Bizkaia. Esto se produce tras la decisión de Kutxa Fundazioa de no participar en la operación de compra de Ayesa Digital, valorada en 480 millones de euros. Aunque se afirma que la sede social de la división de ingeniería permanecerá en Sevilla, el impacto fiscal en la comunidad andaluza se percibe como negativo.
Paradela, al responder a una diputada socialista, defendió que el acuerdo alcanzado en Bilbao es beneficioso para Andalucía, señalando que el trabajo de los empleados andaluces es fundamental para el crecimiento. Sin embargo, su intervención dejó mucho en el aire respecto a las medidas concretas que se implementarán para garantizar la estabilidad laboral. Aunque se mencionó que el sector industrial en Andalucía había crecido un 9,5% en el último año, la falta de garantías específicas provocó incertidumbre entre los representantes sindicales presentes.
En medio de estas transacciones y declaraciones, los sindicatos han expresado su preocupación por la «inacción» de la Junta y han subrayado varias barreras que podrían surgir a raíz de la compra, como la posible pérdida de calidad en el empleo y la fuga de recursos fiscales. La situación es crítica, ya que la desaparición de un actor importante en el sector tecnológico podría limitar las oportunidades laborales para los estudiantes en Andalucía, lo que a su vez podría vaciar a las empresas de su capacidad industrial y tecnológica.
CCOO, en un comunicado reciente, ha pedido al Gobierno autonómico que actúe con más contundencia para asegurar el empleo en Ayesa, subrayando la necesidad de una respuesta clara y efectiva ante la incertidumbre laboral que enfrenta la comunidad. La expansión de la empresa y la creación de nuevos puestos es una buena noticia, pero la preocupación por el futuro de los trabajadores resalta la importancia de un compromiso firme por parte de las administraciones.
