El Gobierno Vasco ha decidido otorgar el tercer grado a otro recluso perteneciente a ETA. Se trata de Asier Arzalluz Goñi, quien ha sido condenado a un total de 125 años de prisión. Su salida en régimen de semilibertad se produce tras haber cumplido 16 años de prisión en España y siete en Francia, donde fue capturado en 2002. Esta decisión llega justo una semana después de que el exlíder de ETA, Garikoitz Azpiazu, alias ‘Txeroki’, también accediera a un régimen similar según el artículo 100.2.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha expresado su desacuerdo con esta progresión de grado, calificándola de «fraudulenta«. En un comunicado, Covite subraya que Arzalluz está condenado por crímenes de «extrema gravedad», que incluyen asesinato, intento de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra. Destacan su condena a 30 años por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en el año 2000 en Andoain, así como por la colocación de una bomba lapa en Sallent de Gállego, que causó la muerte de dos guardias civiles, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, lo que le valió una pena de 75 años junto a otros cómplices.
Covite ha denunciado que la concesión de este grado se ha hecho sin que Arzalluz haya demostrado «signos de arrepentimiento acreditados» ni se haya distanciado del entorno de la izquierda abertzale. Según el colectivo, organizaciones como Sortu y Bildu continúan utilizando su imagen públicamente, presentándolo como «un preso político«, lo que contradice cualquier muestra de arrepentimiento genuino y refleja que no ha habido desvinculación del entramado radical que justifica el terrorismo.
A raíz de esta situación, Covite ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a que «ejerza su función y recurra el tercer grado de Arzalluz Goñi». Afirman que esta acción es crucial para evitar que se consolide lo que consideran una «amnistía encubierta«, perjudicando directamente el derecho de las víctimas a obtener justicia. Sostienen que respaldar decisiones como esta envía un mensaje devastador de impunidad.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que las progresiones de grado a los presos de ETA se conceden únicamente con la presentación de «una carta manuscrita privada que contiene fórmulas genéricas», sin exigir «hechos objetivos y públicos» que demuestren una real ruptura con su pasado delictivo y con el entorno político que todavía apoya el terrorismo. Ordóñez ha acusado al Gobierno Vasco de avanzar «a toda velocidad» en la dirección que impone la izquierda abertzale, buscando «flexibilizar el cumplimiento de las condenas» sin requerir el arrepentimiento verdadero que la ley establece como condición para la progresión de grado.
En relación a las justificaciones del Gobierno, la consejera de Justicia, María Jesús San José, defendió la concesión del régimen de semilibertad a ‘Txeroki’, argumentando que los procedimientos seguidos han sido rigurosos y que se limitan al cumplimiento de la legalidad, de la cual también son sujetos los presos de ETA. Ordóñez ha afirmado que aunque «claro que es legal», el tema en cuestión no es ese, sino cómo se interpreta la ley. Asegura que esta no obliga a conceder grados ni el uso del artículo 100.2, sino que proporciona una opción que puede o no ser ejercida. «Ahí está la trampa», concluyó.
