La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha comentado en San Sebastián la complejidad de las decisiones relacionadas con la normativa penitenciaria, especialmente en lo que respecta a las víctimas de ETA. San José reconoció que estas decisiones generan un gran sufrimiento en este colectivo, pero enfatizó que el Gobierno Vasco se adhiere estrictamente al marco legal vigente en materia penitenciaria.
Durante su visita a la prisión de Martutene, acompañada por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, abordó el futuro del centro penitenciario, que se espera sea derribado para dar paso a la construcción de viviendas protegidas en la zona. Este proyecto refleja un esfuerzo por transformarlo en un espacio que beneficie a la comunidad local.
Un aspecto que ha generado controversia es la situación del exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, conocido como Txeroki, quien actualmente disfruta de un régimen de semilibertad. Desde su salida de prisión, asiste a actividades laborales y de voluntariado en Gipuzkoa, lo que ha suscitado malestar entre diversas asociaciones de víctimas. Sin embargo, la consejera ha optado por no comentar específicamente este caso, limitándose a señalar que las decisiones se toman considerando las circunstancias individuales y dentro del marco legal.
“Se aplica y se cumple la ley y las sentencias y los órganos judiciales tienen su función. El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática”, subrayó, reafirmando la postura del Gobierno Vasco en cuanto a la rigurosidad de su política penitenciaria.
En sus declaraciones, San José también ha resaltado que, a pesar de los efectos del terrorismo en la sociedad, Euskadi ha logrado construir una comunidad plural y cohesionada. “Hemos conseguido avanzar a pesar de ellos”, afirmó, aludiendo a los esfuerzos por integrar a todos los reclusos, incluidos los condenados por terrorismo, en la sociedad vasca.
San José manifestó su “profundo respeto” hacia las víctimas del terrorismo y reiteró que estas siempre estarán en el centro de las decisiones de su departamento. Aseguró que las políticas públicas relacionadas con la justicia y la verdad son fundamentales y que no se debe sacrificar su rigor por motivos electorales.
La situación actual y los planes para la antigua prisión de Martutene reflejan un cambio en la percepción pública y una voluntad de avanzar hacia un futuro más inclusivo en el que la justicia y la memoria jueguen un papel crucial. La transformación de estos espacios, además de ser un acto de reconciliación, busca ofrecer soluciones habitacionales a una población que demanda alternativas. Esta es una de las múltiples iniciativas que el Gobierno Vasco está impulsando para hacer frente a los retos sociales contemporáneos en Gipuzkoa.
La visita de San José y Itxaso es un ejemplo de cómo las autoridades regionales están tomando decisiones difíciles, pero necesarias, para avanzar en una Euskadi que ha aprendido a convivir con su historia reciente. “Las víctimas siempre estarán en el corazón de las políticas públicas de mi departamento”, concluyó San José, plasmando así un compromiso claro con la memoria y el respeto que deben caracterizar a la sociedad vasca en su conjunto.
