El Gobierno Andaluz, dirigido por el Partido Popular, ha estado involucrado en una grave violación de la protección de datos durante los últimos cinco años, afectando a un total de 738.502 alumnos menores de edad, 43.202 profesores y 2.676 centros escolares. Esta situación se origina de un convenio que firmó con Google para utilizar su plataforma educativa, lo que implicó la cesión de datos personales a cambio de acceso a sus servicios.
Según el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, esta falta de cumplimiento ha infringido varios artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Como resultado, se han impuesto seis sanciones al Ejecutivo autonómico, que incluyen dos consideradas muy graves y tres graves, aunque sin implicar multas económicas. Este caso se presenta en un contexto en el que se debate la prohibición de redes sociales para menores de 16 años, evidenciando un creciente conflicto entre el Gobierno y las grandes tecnológicas.
La magnitud de esta brecha de datos es especialmente alarmante, dado que casi la mitad de los 1,7 millones de alumnos en educación primaria y secundaria de España se encuentran afectados. Diversas comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña, y el País Vasco, también han establecido convenios similares con Google, lo que significa que alrededor de cuatro millones de estudiantes no universitarios en España utilizan esta plataforma, que ha sido objeto de sanciones por expertos.
Un informe de la Agencia de Protección de Datos, emitido en 2024, subrayó que el uso de Google Workspace for Education en las escuelas andaluzas violaba el RGPD. Este informe indicó que se trataba de una recogida invasiva de datos personales y advertía sobre los riesgos asociados a la seguridad de la información de los alumnos. Además, se denunciaba que no se habían implementado medidas adecuadas para prevenir que los estudiantes subieran contenido inapropiado a la plataforma.
El Consejo de Transparencia ha señalado que la Junta de Andalucía ha permitido que Google gestione los datos de los estudiantes sin las debidas garantías, lo que ha resultado en que estos datos puedan terminar en países fuera de la Unión Europea, como Singapur o El Salvador. La falta de información precisa sobre el destino de los datos es motivo de preocupación. Los expertos critican que la Junta no haya realizado una evaluación de impacto adecuada sobre el tratamiento de datos y que los implicados tampoco hayan sido informados debidamente.
A pesar de las denuncias y de la resolución del Consejo, la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional mantiene el convenio con Google, haciendo solo rectificaciones menores. Esto ha llevado al Consejo a analizar si las medidas presentadas por la Junta solucionan las deficiencias detectadas en el acuerdo original y su prórroga, que fue firmada el 19 de noviembre de 2024.
La Junta de Andalucía ha defendido su posición, negando que haya habido vulneraciones en la protección de datos. Asegura que la información se gestiona de manera anónima y que Google no tiene acceso a contraseñas que puedan comprometer la seguridad de los usuarios. En respuesta a las críticas, la empresa tecnológica reitera que su plataforma cumple con los estándares más exigentes en materia de privacidad y que no posee datos de los estudiantes.
A nivel nacional, el Consejo andaluz ha optado por no imponer sanciones económicas, priorizando la protección del derecho a la educación de los menores. Sin embargo, ha instado a la Junta a implementar medidas efectivas que protejan a los usuarios menores cuando interactúan con herramientas ajenas a la administración educativa. Estas recomendaciones intentan garantizar que los estudiantes sean plenamente conscientes del uso de sus datos personales en plataformas como Google.
La controversia no se limita a Andalucía. Comunidades como Canarias han enfrentado sanciones similares por infracciones en la protección de datos de sus estudiantes. La situación ha suscitado un amplio debate sobre la legalidad de las plataformas utilizadas en el ámbito educativo y la responsabilidad de las administraciones autónomas al firmar acuerdos con empresas tecnológicas. En este contexto, la crítica hacia las autonomías por su supuesta ingenuidad en sus acuerdos con Google ha cobrado fuerza.
Las implicaciones de este caso son significativas, no solo para la comunidad educativa andaluza, sino para el sistema educativo español en su conjunto. A medida que continúan surgiendo preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos, se hace necesario replantear el uso de estas plataformas tecnológicas en la educación y buscar alternativas que prioricen la protección de los menores.
