La Audiencia Provincial de Álava ha decidido abrir juicio oral contra dos médicos plastas que han sido investigados por supuestas filtraciones de exámenes relacionados con la OPE de Osakidetza 2016-2017. Ambos se enfrentan a posibles penas de prisión e inhabilitación debido a su presunta implicación en el examen de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, que tuvo lugar el 20 de mayo de 2018. Los acusados son A. M. F., jefe de servicio en el Hospital Donostia, y T. S., una opositora que era pareja del hijo de este facultativo.
Las acusaciones provienen del Ministerio Fiscal, que señala que A. M. F. está acusado de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública. Por su parte, T. S. enfrenta un cargo de revelación de secretos en grado de tentativa. Este escándalo, que afectó a varias especialidades médicas, ha suscitado preocupaciones sobre la integridad de los procesos de selección en el ámbito sanitario.
La investigación comenzó hace más de ocho años, cuando surgieron sospechas sobre posibles irregularidades en los exámenes. Los sindicatos denunciaron que algunos jefes de servicio podrían haber filtrado preguntas a sus subordinados para que lograran mejores resultados, lo que desató una controversia considerable. En respuesta a la situación, Jon Darpón, entonces consejero de Salud, y varios miembros de su equipo dimitieron, reconociendo la gravedad del escándalo.
Después de un prolongado proceso de instrucción, en septiembre de 2025, la Audiencia confirmó el sobreseimiento de las actuaciones para 17 de los 19 investigados, entre ellos, facultativos y miembros del tribunal que valoró los exámenes. Sin embargo, la causa fue reabierta para los dos médicos implicados, dado que hay indicios razonables de su participación en las irregularidades. La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el jefe de servicio, mientras que para T. S. pide un año de cárcel y ocho años sin poder optar a ayudas públicas.
El exjefe de servicio de cirugía fue el encargado de redactar la mitad del examen teórico, y la opositora implicada logró una puntuación notable, contestando correctamente 48 de las 50 preguntas. A pesar de su éxito, decidió renunciar a continuar en el proceso de selección tras una reunión tensa con responsables de Osakidetza, quienes le advirtieron sobre las implicaciones de su participación en el examen.
Las denuncias de fraude han dejado una huella profunda en el sistema de oposiciones, afectando a un total de once especialidades, incluida la cirugía plástica, y han generado un debate sobre la transparencia y la ética en la selección de personal médico. Este caso se ha convertido en uno de los episodios más polémicos de la gestión de Iñigo Urkullu como lehendakari, y ha llevado a la sociedad a cuestionar la eficacia de los mecanismos de control en la administración pública.
Como resultado de este escándalo, el Gobierno Vasco ha tenido que afrontar no solo la crisis institucional, sino también la necesidad de implementar reformas que garanticen la transparencia en los procesos de selección. La apertura del juicio oral marca un paso importante hacia la rendición de cuentas en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental.
La Audiencia Provincial de Álava será la encargada de juzgar a los imputados, responsables de un caso que ha trascendido más allá de su ámbito inmediato. A medida que avance el juicio, se espera que se arroje más luz sobre las implicaciones de estas acciones en el sistema sanitario vasco y se refuercen las medidas para prevenir futuras irregularidades.
