El PSE, socio del PNV en el Gobierno de Donostia, ha expresado su desacuerdo con la decisión del alcalde Jon Insausti de dar a conocer el origen geográfico de las personas detenidas o investigadas en las comunicaciones oficiales. La portavoz socialista, Ane Oyarbide, ha manifestado que esta medida «no ayuda a combatir estigmas, refuerza prejuicios y simplifica causas complejas».
Oyarbide ha subrayado que «la delincuencia no se explica por el origen de las personas, sino por múltiples factores sociales, económicos y estructurales que requieren políticas públicas serias y sostenidas en el tiempo». Estas declaraciones se producen después de que el Ayuntamiento defendiera que revelar el origen de las personas infractoras es un ejercicio de transparencia acorde a un modelo de gobernanza de sociedades maduras. Sin embargo, para Oyarbide, esta acción puede tener el efecto contrario y «refuerza prejuicios» mientras alimenta asociaciones erróneas entre inmigración y delincuencia.
El debate sobre la medida ha revelado tensiones en la política local. Oyarbide ha puntualizado que «brindando esta información de manera aislada, sin contexto ni análisis», se fomenta un clima de miedo y sensación de inseguridad en la comunidad. En este sentido, el PSE ha reiterado que su interés radica en combatir la delincuencia y la inseguridad, pero «rechaza discursos que se parecen sospechosamente a los de algunos partidos de extrema derecha».
En su intervención, Oyarbide ha enfatizado la necesidad de implementar «medidas reales», como «dotar de más medios humanos y técnicos a la policía» y avanzar en la creación de una nueva comisaría en Egia. Con respecto a este asunto, ha advertido que «en un tema tan delicado como este no se puede avanzar a golpe de titular» y que los mensajes que se envían no hacen sino dañar la convivencia.
Por parte del PP, su portavoz en el Ayuntamiento de Donostia, Borja Corominas, ha recordado que el Consistorio ya rechazó en diciembre una propuesta similar y que ahora ha optado por adoptar dicha medida. Corominas ha señalado que su formación ha solicitado la implementación de esta medida por varias vías, incluyendo una interpelación en enero que fue desestimada.
El portavoz del PP ha instado al Gobierno local a «hacer lo que les proponemos», sugiriendo que «más tarde que temprano lo acaba haciendo y así nos ahorraría un tiempo precioso a todos los donostiarras». Este cambio de postura ha suscitado críticas desde distintas fuerzas políticas.
Desde Elkarrekin Donostia, su portavoz Víctor Lasa ha calificado la decisión como «un día triste para Donostia», al considerar que se alinea con discursos de ultraderecha que juzgan a las personas por su origen. Lasa ha resaltado que creen en «los mismos derechos y las mismas obligaciones para todo el mundo, independientemente de su pasaporte o de cualquier otra variable».
Además, ha apuntado que esta medida «no mejora la seguridad ni previene delitos, pero sí alimenta miedos absurdos y una ola de xenofobia». Lasa ha concluido que «el problema no es de seguridad, es de convivencia y de modelo de ciudad», criticando que señalar el origen de una persona por un hecho delictivo podría terminar por estigmatizar a todo un colectivo.
De esta forma, la controversia en torno a la decisión del alcalde refleja un debate más amplio sobre la política de seguridad y convivencia en Donostia, donde las distintas fuerzas políticas deberán encontrar un equilibrio entre la transparencia y la no estigmatización de ciertos grupos en la sociedad. La situación actual plantea un reto significativo para el Gobierno Vasco y los líderes locales, quienes deben abordar la seguridad sin sacrificar la cohesión social.
