El Ayuntamiento de San Sebastián ha decidido seguir el criterio establecido por el Gobierno Vasco en relación a la divulgación del origen geográfico de las personas detenidas. Esta decisión se produce en un contexto de controversia tras el cambio de política del Departamento de Seguridad, que comenzó a informar sobre la procedencia de los arrestados el pasado mes de octubre.
El Ararteko, o Defensor del Pueblo Vasco, ha iniciado una actuación de oficio para investigar las razones detrás de este nuevo enfoque de la Ertzaintza, que contrasta con las recomendaciones del mismo organismo emitidas hace catorce años, cuando se sugirió no revelar esta información.
A través de un comunicado, el consistorio donostiarra argumenta que «revelar el origen de las personas infractoras responde a un ejercicio de transparencia, enmarcado en un modelo de gobernanza propio de las sociedades maduras». De esta manera, se busca fortalecer la confianza en las instituciones y combatir la desinformación.
El ayuntamiento sostiene que esta medida ayudará a desmantelar estigmas y discursos populistas que se basan en especulaciones. Así, se establece que, a partir de ahora, la Guardia Municipal también proporcionará el origen de los detenidos siempre que la situación lo demande.
Desde el consistorio se señala que ya se ha estado facilitando esta información a la Ertzaintza y a los juzgados, para la elaboración de informes y memorias. Además, se ha trabajado en estudios estadísticos en los que se ha mencionado la presencia de bandas organizadas, donde el origen de los implicados ha sido un factor relevante.
Este cambio en la política de comunicación del Ayuntamiento de San Sebastián pone de relieve la importancia de la transparencia en la actuación pública y busca asegurar que la ciudadanía esté informada de manera precisa y veraz. Las autoridades locales confían en que este enfoque contribuya a una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con la seguridad pública.
En un momento en que la percepción de la seguridad es un tema sensible para la sociedad, el consistorio reafirma su compromiso con una gestión informativa que no solo cumpla con los estándares de transparencia, sino que también responda a las demandas de la ciudadanía. La colaboración entre las diferentes instituciones permitirá un seguimiento más exhaustivo y riguroso de la situación.
