El Gobierno Vasco ha logrado superar las resistencias que habían obstaculizado la transferencia de prestaciones por desempleo hasta el momento. Este avance se produce tras semanas de negociaciones con el Ejecutivo español liderado por Pedro Sánchez, especialmente con Sumar, ya que estas ayudas son gestionadas por Yolanda Díaz. En una reunión mantenida en Madrid, la consejera María Ubarretxena ha conseguido un acuerdo que se había intentado alcanzar previamente en julio. La comunidad autónoma tendrá la capacidad de gestionar, a través de Lanbide, el pago de estas prestaciones.
Las prestaciones abarcan tanto las contributivas, que se otorgan a quienes pierden su trabajo o ven reducida su jornada laboral, como los subsidios para aquellos que no han cotizado lo suficiente. En total, estas ayudas benefician a 51.000 personas y suponen un coste de 822 millones de euros. Este acuerdo es significativo, ya que es la primera vez que se realiza una transferencia de este tipo en el ámbito contributivo de la Seguridad Social, a diferencia de acuerdos anteriores que solo abarcaban prestaciones no contributivas.
El acuerdo no implica, por el momento, que el Gobierno Vasco asuma la recaudación de cotizaciones sociales. Según fuentes consultadas, la Tesorería General de la Seguridad Social seguirá encargándose de esta tarea, realizando transferencias mensuales al Gobierno Vasco para cubrir los costos de las prestaciones. Este sistema se considerará transitorio hasta que se negocie un convenio que regule de forma integral la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su conjunto.
Las ayudas contempladas están amparadas por el Estatuto de Gernika, el cual permite este tipo de transferencias de acuerdo con la disposición transitoria quinta, que respeta el principio de solidaridad. El Estado mantiene la capacidad de legislar sobre las cuantías y condiciones de estas ayudas. Este nuevo marco de gestión permitirá establecer una atención más integral y efectiva a los ciudadanos, facilitando el acceso a los servicios desde una ventanilla única.
El desbloqueo de este asunto representa un avance en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, que fue aprobado hace casi 46 años, y refleja el compromiso del pacto de investidura entre el PNV y el presidente Sánchez. Además, con este acuerdo, el Gobierno Vasco podrá establecer un sistema integral de empleo, ya que gestiona desde 2011 las políticas activas para facilitar la búsqueda de trabajo y la formación. Durante las negociaciones, se mencionó que Sumar había priorizado otras cuestiones, lo que había retrasado la firma del acuerdo, pero finalmente se ha logrado avanzar.
La consejera Ubarretxena expresó que este es un «gran día para Euskadi», destacando que se están «cumpliendo compromisos tras 46 años de incumplimiento». Además, subrayó que enviará una propuesta sobre todas las materias pendientes en la primera semana de octubre, con el fin de dejar claro el compromiso del Gobierno Vasco para culminar los acuerdos establecidos en el Estatuto de Gernika.
Los detalles del traspaso incluyen la asunción de funciones que actualmente lleva a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina. Esto implica el traspaso de medios materiales y personales, así como la tramitación, reconocimiento, pago, inspección y control de las prestaciones. Actualmente, existen 30 oficinas del Sepe en la comunidad autónoma, donde laboran 534 personas.
Con cifras de 2024, se estima que las personas que recibirán prestaciones contributivas alcanzan las 31.000, mientras que 20.000 obtendrán subsidios por desempleo. El modelo de financiación respeta el sistema unitario de la Seguridad Social, y se establece que la transferencia no implica la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La coordinación entre Lanbide y el Sepe se considera crucial para mejorar la atención a los usuarios y reducir las esperas en el acceso a las ayudas.
