El Gobierno Vasco ha aprobado la expansión de las instalaciones de Hafesa en el Puerto de Bilbao. Esta autorización busca incrementar la capacidad de almacenamiento de la empresa, que se produce poco después de que Hafesa fuera condenada por un fraude de 154 millones de euros relacionado con el sector de los hidrocarburos. La Audiencia Nacional también dictó culpable a varios miembros de la dirección de la compañía en noviembre, considerándolos parte de una «organización criminal». Alejandro Hamlyn, propietario de Hafesa, está actualmente en búsqueda y captura, ya que no se presentó al juicio debido a su estancia en Dubái.
El nombre de este empresario ha cobrado notoriedad en los medios tras una reunión con Leire Díez, conocida como la «fontanera del PSOE», quien le solicitó información para debilitar la carrera del teniente coronel Antonio Balas, encargado de investigar diversos casos de corrupción que involucran a figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez.
Hafesa, conocida recientemente como Haxx, se dedica a la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos. Tras adquirir dos nuevas terminales en noviembre en Andalucía y Murcia, la empresa suma un total de siete plantas distribuidas por toda España. Una de estas instalaciones, situada en el Puerto de Bilbao, cuenta con 16 tanques y una capacidad de 63.250 metros cúbicos, ubicándose en un área estratégica del municipio de Ciérvana, donde operan diversas empresas del sector.
La planta de Hafesa está en las etapas finales de un proceso de ampliación que pretende aumentar su capacidad mediante la instalación de cuatro nuevos tanques. De estos, dos serán para gasolina y otros dos para gasóleo, lo que permitirá sumar 8.500 m³, aumentando así la capacidad de almacenamiento en un 15%. Este proyecto recibió la aprobación de la Delegación Territorial de Vizcaya del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad el 19 de enero. La consejería, bajo la dirección de Mikel Jauregi, emitió un informe de impacto ambiental favorable, indicando que la ampliación no generará un impacto ambiental significativo.
La resolución, publicada recientemente en el Boletín Oficial del País Vasco, establece que dada la magnitud de la ampliación y su posición en una planta ya existente, no es necesario un estudio de impacto ambiental ordinario. De este modo, la compañía dispone de un periodo de cuatro años para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
El informe de impacto ambiental fue solicitado por DBA Bilbao Port S.L. el 21 de noviembre de 2025, solo tres días antes de la condena por fraude que afectó a Hafesa. Esta situación se complica aún más al considerar que la compañía recibió la luz verde del Gobierno Vasco a pesar de la condena, que incluyó una multa equivalente a la cantidad defraudada, así como penas de cárcel para 14 directivos, aunque Hamlyn no fue juzgado en este proceso.
Las controversias alrededor de Hamlyn se intensificaron cuando el 26 de mayo de 2025 se reveló que tenía planes de negociar con autoridades a cambio de información sobre la Guardia Civil. En una conversación filtrada, se mencionó que Hamlyn requería la ayuda de Leire Díez para resolver ciertas situaciones con su deuda, evidenciando una red de conexiones entre el mundo empresarial y político.
En medio de este escándalo, el empresario vizcaíno afirmó haber pagado más de 1.200 millones de euros a la Hacienda foral en los últimos cinco años, resaltando un entorno de complicidad que ha llevado a la responsable de Hacienda en la Diputación Foral, Itxaso Berrojalbiz, a desmentir cualquier trato preferencial hacia Hafesa.
La situación de Hafesa y su expansión en el Puerto de Bilbao refleja un escenario complejo en el que confluyen intereses empresariales y políticos. A medida que se desarrollen los eventos, será crucial observar cómo se desenvuelven las investigaciones y las implicaciones que esto podría tener en la regulación del sector energético en el País Vasco y España.
