El Gobierno Vasco ha decidido no permitir que se debata en el Parlamento Vasco una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por los sindicatos ELA y LAB, junto a ESK, Steeilas e Hiru. Esta propuesta, respaldada por más de 120.000 firmas, busca que Euskadi tenga la capacidad de establecer un salario mínimo propio, adaptado a las condiciones socioeconómicas de la comunidad autónoma. El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, anunció esta decisión en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, reiterando que se opondrán a su tramitación.
La negativa a esta ILP se produce poco después de que el Ejecutivo vasco rechazara otra propuesta similar presentada por pensionistas que buscaba que se complementaran las pensiones más bajas hasta alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional. Esta propuesta también contaba con el apoyo de 100.000 firmas. El Gobierno está obligado a emitir un criterio cuando se presenta una ILP, y en este caso, la iniciativa sindical pretende que el Parlamento Vasco apruebe un compromiso para presionar en el Congreso de los Diputados con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores, obteniendo así competencias propias sobre el salario mínimo.
El rechazo del Gobierno Vasco se fundamenta en razones jurídicas y políticas. Según Torres, la ILP implica más que una simple modificación legal, ya que plantea una delegación de competencias que se aparta del marco jurídico actual. La fijación del salario mínimo es actualmente una competencia exclusiva del Estado, según estipula el artículo 149 de la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores. Este aspecto ha llevado al Ejecutivo a considerar que cualquier cambio requeriría una reforma significativa que impactaría en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Por tanto, el Gobierno Vasco aboga por canalizar estas cuestiones a través de la negociación colectiva, haciendo un llamado a los agentes sociales para que se sienten a dialogar y buscar acuerdos. Sin embargo, esta vía parece también cerrada, ya que la patronal Confebask se ha negado en varias ocasiones a discutir la creación de un salario mínimo interprofesional en el Consejo de Relaciones Laborales, a pesar de la presión de todos los sindicatos vascos.
En este contexto, se ha programado un acto de conciliación en el Consejo de Relaciones Laborales, impulsado por las centrales nacionalistas, como un paso previo a la posible presentación de una demanda judicial. Aunque la patronal ha confirmado su asistencia, no han revelado más detalles sobre su postura. ELA y LAB han criticado con contundencia la decisión del Gobierno Vasco, acusando al ejecutivo de renunciar al autogobierno y de tener una actitud antidemocrática, alineándose con posturas centralistas, a la par que el PSE, el PP, CC OO, UGT y Confebask.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad del diálogo social en Euskadi. ELA y LAB han anunciado movilizaciones en respuesta a la negativa del Gobierno Vasco, insistiendo en que la ILP debería ser debatida en el Parlamento Vasco. Por su parte, CC OO ha instado a Confebask a abrir la negociación de un acuerdo interprofesional sobre el salario mínimo, a pesar de no ser promotor de la ILP. Esta dinámica pone de relieve la necesidad de un debate más amplio y consensuado sobre las políticas laborales en la comunidad autónoma.
Las tensiones generadas en torno a esta iniciativa reflejan no solo la lucha por un salario mínimo adecuado, sino también las dificultades en la construcción de un marco legislativo que contemple las particularidades de Euskadi. El futuro de estas negociaciones y la respuesta del Gobierno Vasco ante las movilizaciones de los sindicatos serán clave para determinar el rumbo de la política laboral en la región.
