El debate sobre las puertas giratorias en la política vasca ha ido cobrando relevancia en los últimos años. Este fenómeno se refiere a la práctica en la cual exfuncionarios públicos asumen cargos en empresas privadas que podrían haber obtenido beneficios a través de decisiones que tomaron en sus respectivos cargos. Aunque diversos gobiernos y partidos políticos aseguran contar con mecanismos para prevenir este tipo de situaciones, las acusaciones mutuas continúan, alimentando el habitual intercambio de críticas entre las distintas formaciones.
En este contexto, uno de los objetivos planteados por EH Bildu para el presente curso político es abordar cuestiones como el clientelismo y el amiguismo. La formación busca, por un lado, desgastar al PNV, que ha sido el foco de sus críticas en este ámbito, y por otro, implementar medidas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en el sistema político. Para ello, el pasado 22 de diciembre, la parlamentaria Lamia Arcas presentó una serie de preguntas al Gobierno Vasco con la intención de saber si se contempla modificar el marco regulador sobre las incompatibilidades de los cargos públicos.
La respuesta del Ejecutivo, enviada por escrito a la Cámara el pasado martes, ha dejado claro que no se prevén cambios en la legislación actual. La consejera María Ubarretxena ha indicado que la normativa vigente, que data de hace diez años, asegura el cumplimiento de los principios establecidos en el código de conducta de los servidores públicos. Además, enfatizó que la normativa actual establece un riguroso marco de incompatibilidades tanto durante el ejercicio del cargo como tras su finalización, así como diversas obligaciones respecto a las actividades y bienes de los altos cargos.
La regulación existente en Euskadi, que se implementó en 2014 y fue desarrollada mediante un decreto en 2016, aplica a todos los cargos del Gobierno Vasco, incluyendo al lehendakari, consejeros y viceconsejeros. Estos funcionarios deben firmar un código ético, presentar declaraciones de bienes (que no se hacen públicas), y solicitar autorización para compatibilizar sus funciones con ciertos trabajos. Además, durante los dos años posteriores a su cese, deben notificar cualquier actividad privada que realicen, siempre que cuenten con un permiso explícito de Lakua que garantice la ausencia de conflictos de interés.
En lo que va de legislatura, el Ejecutivo ha concedido autorizaciones a 31 ex altos cargos para que se involucren en actividades privadas. Entre los autorizados se encuentra el exlehendakari Iñigo Urkullu, quien preside la Fundación eAtlantic; la exconsejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que trabaja con KPMG y también dirige la Fundación Sabino Arana del PNV; la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, al frente de la clínica Vithas San José de Vitoria; y el exdirector de Planificación Sanitaria, Mikel Sánchez, que ocupa un puesto directivo en Mutualia.
Por otra parte, un total de 65 altos cargos del actual mandato tienen la autorización para compatibilizar sus funciones. La mayoría de estos casos se relacionan con sus roles en el ámbito local, ya sea como concejales o alcaldes, o en el ámbito académico. Por ejemplo, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea tiene permiso para gestionar el patrimonio familiar, mientras que la consejera María Ubarretxena puede participar en la gestión de una sociedad cultural de Mondragón, y Juan Ignacio Pérez ha recibido autorización para ofrecer conferencias y escribir un libro.
Este marco regulatorio y las autorizaciones otorgadas buscan garantizar que la transición de altos cargos a la vida privada se realice de manera transparente y sin conflictos de interés, aunque el debate sobre la efectividad de estas medidas sigue vigente. Mientras EH Bildu y otros partidos continúan cuestionando la integridad del sistema, el Gobierno Vasco defiende su enfoque como suficiente para asegurar la ética en el servicio público. La discusión en torno a las puertas giratorias y las posibles reformas seguirá siendo un tema central en la política vasca, a medida que se busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de experiencia en el sector privado y la obligación de mantener la confianza pública.
