El Gobierno Vasco está trabajando en un nuevo acuerdo que tiene como objetivo modificar la normativa sobre la moratoria antidesahucios, específicamente para excluir a los pequeños propietarios de esta medida. Esta acción se enmarca dentro de la prórroga del ‘escudo social’ que se estableció durante la pandemia y que fue presentada por EH Bildu a finales del año pasado. El acuerdo se discutió en el Congreso y fue sometido a votación la semana pasada, aunque no logró avanzar debido a la oposición de Junts per Catalunya, que consideró el decreto como un «chantaje».
Por su parte, el PNV ha manifestado que el acuerdo busca cambiar la redacción del texto, que será aprobado en el Consejo de Ministros este martes. La nueva propuesta pretende que los propietarios de una o dos viviendas, incluyendo su residencia habitual y otra destinada al alquiler, no estén obligados a ofrecer su vivienda a personas en situación de vulnerabilidad. Esta disposición había sido un punto conflictivo para los nacionalistas, quienes terminaron apoyando la votación a pesar de sus reservas sobre el proceso de negociación del Gobierno.
El Gobierno está intentando adoptar una estrategia diferente tras el revés en la votación anterior para avanzar con la subida de las pensiones, un tema crucial dado que las elecciones aragonesas se acercan. La negociación se está llevando a cabo de manera separada por el PNV y no en conjunto con Junts, que también se opone a que los pequeños propietarios sean afectados por la moratoria. “Nosotros ya les dijimos que era la última vez que votamos todo junto», han explicado fuentes del PNV, resaltando que existía acuerdo respecto a otros aspectos del decreto.
El cambio en la postura se justifica por la necesidad de actuar. Para que el acuerdo entre los grupos parlamentarios prospere, aún será necesaria la aprobación del partido de Carles Puigdemont. El PNV enfrenta mayores complicaciones para distanciarse del Gobierno central en comparación con Junts, dado que dependen de los socialistas para sostener el Ejecutivo vasco, liderado por Imanol Pradales. Además, la presión de los pensionistas es constante en el País Vasco, y una alianza con el PP y Vox podría ser utilizada por EH Bildu para criticar en la comunidad autónoma.
El PNV ha argumentado que su lucha se centra en no equiparar a estos pequeños propietarios con fondos buitre o grandes tenedores. Al hacer esta distinción, el Gobierno español busca evitar que estos propietarios se conviertan en nuevos ciudadanos vulnerables debido a la carga que implicaría el impago de alquileres. La formación nacionalista valora positivamente que el Gobierno haya aceptado este “acuerdo de mínimos” y confía en que esto facilite la negociación de mejoras en materia de vivienda durante el resto del año.
