El escándalo relacionado con la vacunación con dosis caducadas en Osakidetza ha tomado protagonismo en la actualidad política del País Vasco esta semana. La revelación de estos hechos y las distintas versiones ofrecidas por el Departamento de Salud han supuesto un duro golpe para el Gobierno Vasco, mientras que han fortalecido a EH Bildu, partido que destapó la situación. Esta controversia ha reabierto la discusión sobre la confianza ciudadana en el sistema sanitario.
La vacunación con dosis que han superado su fecha de caducidad es una falta grave que podría generar desconfianza entre la población. Este incidente ha añadido más presión sobre Osakidetza, que antes de la pandemia era considerada un símbolo del autogobierno vasco, pero que ha enfrentado crisis que la han convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha estado intentando desde su llegada al cargo mejorar la percepción sobre el sistema sanitario. Para ello, eligió a un consejero con un perfil técnico, Alberto Martínez, que tiene un profundo conocimiento de Osakidetza y se asemeja más a sus predecesores. Ambos han priorizado la solución de los problemas del sistema sanitario durante su legislatura, impulsando un Pacto de Salud que, sin embargo, se ha visto debilitado por la retirada de actores clave por desacuerdos sobre el tratamiento de la sanidad privada.
Además, el Gobierno Vasco ha incrementado significativamente el presupuesto destinado al Departamento de Salud, lo que ha hecho disminuir la preocupación de la ciudadanía respecto a Osakidetza, según datos del Sociómetro. Las quejas sobre los tiempos de espera, uno de los principales problemas detectados por la población, han mejorado notablemente gracias a estos esfuerzos. Así, la sanidad vasca parecía estar recuperando su prestigio perdido.
El escándalo de la vacunación
En este contexto de mejoría, la situación dio un giro inesperado con la pregunta registrada por EH Bildu en el Parlamento vasco el martes. El Departamento de Salud tuvo que admitir que hubo casos de vacunación con dosis caducadas, inicialmente reportando 253 casos, aunque posteriormente se revisó la cifra a alrededor de un centenar. Sin embargo, se confirmó que dosis caducadas de dos lotes diferentes habían sido administradas.
La confusión se incrementó con las declaraciones contradictorias sobre la necesidad de revacunar a los afectados, proporcionando versiones distintas en cuestión de horas. Aunque Alberto Martínez ha intentado aclarar la situación desde el primer momento, la falta de efectos secundarios para los pacientes no ha mitigado la sensación de desconfianza entre la población.
La gravedad del asunto se refleja en el hecho de que ha opacado en gran medida la visita del lehendakari a la Moncloa, donde tuvo que manejar la situación con cautela. Por su parte, EH Bildu no ha disminuido su nivel de crítica, utilizando la denuncia del caso como un punto de partida para exigir más explicaciones y responsabilidades al Gobierno.
Desde un enfoque más allá de la política, el caso también tiene implicaciones serias, ya que la Fiscalía Superior del País Vasco ha iniciado diligencias de investigación para determinar si ha habido un delito contra la salud pública debido a la administración de vacunas caducadas en Osakidetza.
