Las listas de morosos, también llamadas registros de solvencia, son bases de datos que almacenan información sobre individuos o entidades que tienen deudas pendientes. Su principal función es ayudar a bancos y empresas a evaluar el comportamiento de pago de sus clientes, facilitando así la toma de decisiones sobre la concesión de créditos y servicios.
La inclusión en estas listas suele ser motivo de preocupación, aunque no siempre indica una insolvencia real. Muchas veces, las personas son incluidas debido a impagos menores, errores administrativos o disputas sobre facturas. Es importante entender que no basta con dejar de pagar una deuda para que alguien sea añadido a estos registros; se deben cumplir ciertos requisitos legales.
Las entidades que consultan estos registros son, en su mayoría, instituciones financieras, compañías de telecomunicaciones y otras empresas que otorgan financiación. Entre los ficheros más conocidos se encuentran ASNEF-Equifax, Experian-Badexcug y RAI. Una persona puede aparecer en uno o varios de ellos, dependiendo de quién haya reportado la deuda.
La ley establece varios criterios que deben cumplirse para que alguien sea incluido en una lista de morosos. Para que esto ocurra, primero debe existir una deuda que sea cierta, vencida y exigible. Además, es necesario que la cantidad adeudada supere los 50 euros en el caso de personas físicas, y 300 euros para las jurídicas. También se requiere que el acreedor realice un requerimiento previo de pago y que la comunicación sobre la deuda informe sobre la posibilidad de inclusión en un fichero de morosos. Por último, no deben haber transcurrido más de cinco años desde el vencimiento de la deuda ni más de cuatro meses desde que comenzó el impago.
Los motivos más comunes para ser añadido a estas listas suelen incluir el impago de facturas de servicios, descubiertos en cuentas bancarias o cuotas impagadas de tarjetas de crédito y préstamos. Las consecuencias de aparecer en una lista de morosos son significativas, ya que pueden llevar a la denegación de créditos, hipotecas y otros servicios esenciales.
Para saber si uno está en un registro de morosos, hay varias maneras de verificarlo. Se puede acceder a esta información a través de los sitios web de los ficheros o mediante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Cualquier persona tiene derecho a conocer qué datos se tienen sobre ella en estos registros.
Si una persona no está de acuerdo con su inclusión, puede presentar reclamaciones administrativas o judiciales para solicitar la eliminación o rectificación de sus datos. Mientras la deuda esté en disputa, no debería considerarse válida y, por lo tanto, no debería llevar a la inclusión en un registro.
Existen diferentes maneras de salir de una lista de morosos. La más directa es pagar la deuda, lo que permite solicitar su eliminación inmediatamente, aportando el justificante del pago realizado. Si no se cumplen los requisitos legales o han pasado más de cinco años, se puede exigir la cancelación de los datos. En caso de que el fichero no responda adecuadamente, es posible presentar una reclamación formal ante la AEPD, recordando que no es legal mantener datos «a saldo cero» o como «pagado» una vez resuelta la deuda.
Es fundamental que los ciudadanos entiendan el funcionamiento de estas listas y conozcan sus derechos, ya que esto les ayudará a proteger su salud financiera y evitar problemas en el futuro. La gestión adecuada de sus deudas puede marcar la diferencia en su acceso a servicios y créditos, lo que resalta la importancia de estar bien informados sobre este tema.
