El Ayuntamiento de Donostia ha decidido, este jueves, aprobar de manera unánime la modificación del Plan de Ordenación Urbana (PGOU). Esta modificación implica la prohibición de conceder nuevas licencias para alojamientos turísticos y hoteles en los barrios tensionados y en las áreas residenciales del municipio.
Todos los grupos que forman parte del Consistorio donostiarra han respaldado en el pleno municipal la restricción de nuevas formas de hospedaje, que incluye hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, albergues, viviendas de uso turístico y habitaciones en viviendas particulares.
El debate sobre esta regulación ha sido intenso, y la portavoz del grupo del PNV, Nekane Arzalluz, ha destacado la importancia de esta modificación, calificándola de gran trascendencia. Según ella, el objetivo es «regular la implantación de usos de hospedaje de manera que se alinee con un modelo de turismo sostenible.»
La nueva normativa establece una división en la ciudad en dos áreas. En el área 1, que comprende el Centro, Parte Vieja, Gros, Antiguo e Ibaeta, donde hay una saturación turística con diez plazas por cada cien habitantes, no se permitirán nuevos usos de hospedaje en parcelas residenciales.
Sin embargo, se han previsto excepciones puntuales para algunos edificios catalogados y protegidos, que podrán destinarse a uso turístico, aunque con condiciones complejas, tal como indicó el alcalde, Jon Insausti, al presentar los cambios en el PGOU el pasado 7 de enero. En las demás zonas de la ciudad, solo se permitirá abrir hoteles en terrenos que no sean residenciales.
El portavoz del grupo Ekarrekin, Víctor Lasa, ha manifestado que San Sebastián ha experimentado un «crecimiento insufrible» del turismo en los últimos años, y ha criticado lo que considera una «desgobernanza» del actual equipo de gobierno (PNV-PSE-EE). Lasa ha considerado que estas regulaciones «llegan tarde» y que no son suficientes, además de cuestionar la división de la ciudad en dos áreas y la existencia de excepciones. Él argumenta que cualquier edificio que quede en desuso debería ser destinado a vivienda, no a hotel.
A pesar de sus reservas, Lasa ha apoyado esta iniciativa, considerándola necesaria para la ciudad. Asegura que, aunque no abarca todos los objetivos, establece restricciones significativas y constituye un primer paso hacia un modelo de turismo verdaderamente sostenible.
Desde el Partido Popular, Vanesa Vélez ha subrayado la necesidad de alcanzar una «mejor convivencia entre turistas y donostiarras», recordando que el turismo representa el 14 % del PIB local. Ha resaltado la relevancia de las excepciones para los edificios catalogados, afirmando que es crucial preservar ese patrimonio, que en muchos casos depende de la inversión privada.
Asimismo, Juan Marrero, concejal del PSE, ha considerado que esta excepción está justificada y ha defendido la importancia de intervenir en el mercado a través de políticas públicas para promover una ciudad más justa y habitable. Por su parte, Markel Ormazabal, de EH Bildu, ha coincidido con Elkarrekin en que la norma «llega tarde», argumentando que el turismo ya ha producido consecuencias insuperables y que esta regulación no es suficiente, ya que aún permitiría abrir hoteles en barrios no saturados.
Ormazabal ha destacado que en la última década se han presentado 10.600 nuevas plazas turísticas y la apertura de 50 hoteles en Donostia, sugiriendo que toda la ciudad debería considerarse como saturada. A pesar de sus críticas, EH Bildu ha apoyado los cambios en el PGOU y ha abogado por la implementación de «medidas audaces» dirigidas a mejorar la situación del turismo en la ciudad.
