El lehendakari Imanol Pradales ha conseguido un compromiso de Pedro Sánchez para avanzar en la transferencia de la gestión de los aeropuertos vascos, a tan solo once días de haber concretado un paquete de traspasos que abarca cinco competencias. Este acuerdo se espera que se formalice antes de la Semana Santa, en un plazo de dos meses, y busca que «esta materia quede cerrada definitivamente». Así lo comunicó Pradales tras una reunión con el presidente del Gobierno en La Moncloa.
Una vez alcanzado el acuerdo político, según informan fuentes del Gobierno Vasco, se procederá a definir el encaje técnico necesario que lleve a cabo la comisión mixta de traspasos. Se prevé que para finales de marzo se convoque una Comisión Bilateral de Cooperación, así como otra reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, donde se comenzará a discutir la actualización de la ley quinquenal del cupo vasco.
Desde Moncloa se reconoce que la gestión de los aeropuertos es un tema «de enorme complejidad», incluso mencionando la posibilidad de una «cogestión». Este enfoque se debe en gran parte a la importancia del capital privado que tiene Aena en la actualidad. De hecho, el Gobierno Vasco ha presentado una serie de demandas ambiciosas, aunque se espera que estas se moderen en futuras negociaciones. Este asunto no es exclusivo del País Vasco, ya que también está bajo la atención de la Generalitat de Catalunya.
En un reciente encuentro organizado por Nueva Economía Forum, el presidente de Aena, Maurici Lucena, dejó claro que «la cesión de parcelas o la transferencia de aeropuertos a terceros por acuerdos políticos, por mucho que quisiera imponer en el consejo de administración, serían nulas de pleno derecho», a pesar de que el Estado mantenga el control del 51% de la compañía.
En la misma línea, el lehendakari también ha planteado cuestiones relacionadas con la inmigración, buscando obtener más competencias en este ámbito y que Euskadi sea reconocida como ‘Frontera Norte’. Pradales destacó: «No tenemos herramientas para gestionar como se merece este fenómeno, reclamamos capacidades políticas propias», subrayando la necesidad de recursos adicionales y mejor comunicación con el gobierno francés, dado que esta región atiende a personas en tránsito hacia Europa.
El reconocimiento de Euskadi como ‘Frontera Norte’ permitiría acceder a recursos y establecer una interlocución más efectiva con el gobierno galo. Fuentes del Gobierno han indicado que alcanzar un acuerdo en este aspecto podría ser más viable, recordando que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había propuesto esta declaración en la última reunión de la Conferencia de Presidentes, aunque fue bloqueada por los presidentes del PP. En el ámbito de la seguridad, se ha solicitado mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad del Estado y la Ertzaintza, especialmente en lo que respecta a las expulsiones.
El pasado 16 de enero, el Gobierno central y el vasco pactaron un nuevo paquete de traspasos que, en el contexto actual, suma un total de dodécimas competencias en esta legislatura. Entre estas, destaca el traspaso de las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, una reclamación histórica que había encontrado resistencia por parte del Ministerio de Trabajo, lo que convierte a Euskadi en la primera comunidad autónoma que gestionará este tipo de prestaciones.
Además, se han transferido las prestaciones relativas al cuidado familiar, salvamento marítimo, seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo. A pesar de estos avances, aún permanecen pendientes un total de 16 competencias, ya que el acuerdo de investidura con el PNV se comprometió a transferir todas las competencias propias establecidas en el estatuto de Gernika, con un plazo fijado para finales de 2025, lo que indica que se está acumulando un retraso considerable.
Ante la falta de cumplimiento de los plazos, Pradales ha decidido presionar para incluir la gestión de los aeropuertos vascos en la agenda, coincidiendo con la firma del acuerdo en la comisión mixta. Aena ya ha manifestado su oposición a que Euskadi asuma el control de los aeropuertos, un reclamo que también ha sido reafirmado por distintos partidos independentistas catalanes.
Dentro de este contexto, el presidente del Gobierno busca fortalecer las alianzas con sus socios, como el PNV, y también con ERC y Podemos, en un momento en que su administración se enfrenta a una debilidad parlamentaria. Recientemente, se concretó un acuerdo con Podemos para iniciar un proceso extraordinario que regularizaría hasta medio millón de migrantes, mientras que con ERC se pactó una reforma del modelo de financiación, aunque este último no se concretará hasta que se desbloquee la recaudación del IRPF.
La entrada en vigor del acuerdo con Podemos podría facilitar avances en otros compromisos pendientes con Junts, que habían quedado estancados en el Congreso. El rechazo de Podemos había llevado a que se cayera la iniciativa del PSOE, pero ahora los morados han manifestado su disposición a negociar para levantar el veto impuesto.
Desde el Gobierno se reconoce que la ruptura con los posconvergentes complica la aceleración de estos procesos. Fuentes de Moncloa han señalado: «Necesitamos mayoría y estamos trabajando en ello», destacando como un «gesto» positivo el interés de Podemos por retomar las negociaciones.
