El Ministerio de Defensa ha dado luz verde a la construcción de un nuevo acuartelamiento militar en Donostia, que reemplazará a las instalaciones actuales situadas en el barrio de Loiola. El proyecto se ejecutará en los terrenos de la antigua Real Sociedad Hípica Militar, ubicados al otro lado del río Urumea, pero dentro del mismo entorno urbano.
La formalización de esta decisión se realizó mediante una orden ministerial que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, firmada por la ministra de Defensa. En dicha orden se señala que la actuación es una obra de interés general por afectar directamente a la Defensa Nacional. Esta calificación otorga relevancia administrativa y permite avanzar en los trámites sin tener que pasar por ciertos controles municipales habituales.
Basada en el artículo 85 de la Ley 62/2003, que regula el control preventivo de obras en áreas de interés para la Defensa Nacional, la resolución cuenta con el respaldo del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y cumple con los requisitos establecidos por la normativa actual.
La reciente aprobación llega tras varios meses desde que el Ministerio de Defensa diera el visto bueno al pliego de condiciones técnicas, que incluye la redacción y ejecución de las obras necesarias para el nuevo cuartel. Este proyecto tiene un presupuesto base de licitación de 5,25 millones de euros, IVA incluido, destinado a construir instalaciones que permitirán la desocupación definitiva de los actuales cuarteles de Loiola, que han estado activos durante décadas en una zona estratégica de la ciudad.
La tramitación administrativa, que se inició en octubre, indica que el proyecto está en una fase avanzada, a la espera de los procedimientos habituales para la adjudicación y ejecución de las obras. Sin embargo, el traslado de los cuarteles no es un hecho aislado; está vinculado a una de las mayores operaciones urbanísticas previstas en Donostia para los próximos años, ya que los terrenos actuales fueron vendidos en julio al Ayuntamiento de San Sebastián.
En este espacio está proyectada la construcción de 1.700 viviendas de protección pública, lo cual se convierte en un elemento clave para la estrategia municipal de aumentar la oferta de vivienda asequible en la ciudad. Esta reubicación del acuartelamiento en la antigua hípica permite liberar suelo en una zona consolidada y bien comunicada, lo que resulta especialmente relevante en un contexto de fuerte presión inmobiliaria.
Los terrenos seleccionados para el nuevo cuartel se encuentran en el mismo barrio de Loiola, pero en la margen opuesta del río Urumea. Esta parcela, con uso histórico militar, cumple, según Defensa, con las condiciones necesarias para albergar las nuevas instalaciones sin requerir la adquisición de más suelo, un argumento utilizado para justificar la viabilidad del proyecto.
A pesar de la aprobación oficial, la orden ministerial publicada en el BOE no concluye el debate. Existe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, un plazo de dos meses para hacerlo, que comienza desde el día siguiente a la publicación. Esta opción está disponible tanto para administraciones como para colectivos que consideren que la decisión infringe el ordenamiento jurídico vigente.
Desde el anuncio del traslado a la Hípica de Loiola, ha surgido una notable oposición. Varias asociaciones ciudadanas han conformado la iniciativa «Kuartel berririk ez!», que se opone a la construcción de nuevas instalaciones militares en la ciudad. Este movimiento fue organizado en 2023 coincidiendo con la firma del acuerdo de compraventa de los terrenos militares, sumando apoyo de partidos políticos, sindicatos y otros colectivos sociales.
Entre las organizaciones que apoyan esta iniciativa contraria al nuevo cuartel se encuentran partidos como Sortu, Elkarrekin Podemos, Alternatiba y la coalición EH Bildu. También respaldan la oposición sindicatos como LAB, ELA, ESK, CNT y Steilas, así como entidades sociales y ambientales como Setem Hego Haizea, Eguzki y Donostiako Asanblada Feminista, formando un frente de más de treinta organizaciones que cuestionan la pertinencia de mantener una infraestructura militar en un entorno urbano como Donostia.
Con la aprobación formal del traslado, el Ministerio de Defensa consolida su plan, aunque el debate social y político sobre la presencia militar y el uso del suelo urbano sigue vigente. El desarrollo de las obras, la resolución de posibles recursos judiciales y el avance de la operación urbanística relacionada con las viviendas públicas serán factores determinantes en los próximos pasos de esta decisión que ha pasado de ser un mero anuncio a un hecho administrativo firme.
