El Gobierno Vasco se prepara para aprobar este martes un decreto que regularizará de manera extraordinaria la situación de los migrantes en el país. Esta medida se someterá a consideración en el Consejo de Ministros y se tramitará con carácter urgente. Según el contenido del decreto, aquellos que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre y que puedan probar al menos cinco meses de residencia tendrán la oportunidad de acceder a una autorización provisional de residencia y trabajo, lo que beneficiará a más de medio millón de personas.
La iniciativa permitirá a los solicitantes obtener la documentación necesaria no solo mediante el empadronamiento, sino también a través de otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero. Esta flexibilización ha sido muy solicitada por organizaciones sociales, que han destacado las barreras que enfrentan muchas personas en situación irregular para acceder al padrón. Además, durante el proceso de solicitud, se suspenderán las órdenes de expulsión o los procedimientos de retorno que existan sobre la persona.
La aceptación de la solicitud otorgará una autorización de residencia provisional, que habilitará a los solicitantes para trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. Si la resolución es positiva, se concederá una autorización de residencia por un año, tras el cual se podrá solicitar la autorización ordinaria, en conformidad con el reglamento de extranjería.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha indicado que este decreto tiene como objetivo garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente. Este esfuerzo es resultado de un acuerdo con Podemos y refleja un conjunto de voluntades que priorizan a las personas en el ámbito migratorio. Además, esta acción retoma una iniciativa legislativa popular que había llegado al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que había permanecido bloqueada debido a la falta de consenso político.
El plan busca reforzar un modelo de política migratoria que se base en los derechos humanos, la integración y la convivencia, de modo que sea compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. Al ser tramitado como un real decreto, el Gobierno no necesitará la convalidación parlamentaria, lo cual es diferente a lo que ocurre con los reales decretos-ley, que requieren el respaldo del Congreso un mes después de su aprobación. Esta vía permite al Ejecutivo evitar los obstáculos que han encontrado en la materia migratoria, en parte debido al rechazo de algunas formaciones políticas.
En un contexto de aprobación de esta medida, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, considerando que es fundamental negociar con todas las partes involucradas. Díaz ha calificado esta regularización como «la mejor noticia» y ha afirmado que las políticas deben centrarse en las necesidades de la gente.
“Las políticas no son de los políticos, son de la gente. Estamos aquí para cambiar el país. Por tanto, se negocia con todas las formaciones políticas”, ha subrayado en una entrevista reciente. Además, ha manifestado que Sumar pone un fuerte énfasis en combatir las «irregularidades sobrevenidas» y ha propuesto reforzar el personal y las oficinas de extranjería en España para facilitar este proceso.
Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de críticas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su desacuerdo en redes sociales, denunciando que la respuesta del Gobierno a la situación actual es una regularización masiva que, a su juicio, podría desbordar los servicios públicos. Feijóo ha comparado la política migratoria de Sánchez con la situación ferroviaria, prometiendo que cuando asuma el Gobierno, realizará cambios significativos en ambas áreas.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado la propuesta como un intento de acelerar lo que él considera una «invasión», sugiriendo medidas más drásticas como la repatriación y la deportación. Estas reacciones reflejan las tensiones políticas en torno a la política migratoria actual y los diferentes enfoques que están en juego.
La aprobación de este decreto podría marcar un hito en el tratamiento de la migración en España, ofreciendo una solución temporal para muchos que se encuentran en una situación irregular y permitiendo que integren en la sociedad de manera más efectiva. Sin embargo, el debate sobre cómo manejar la migración sigue siendo un tema candente que requiere atención y diálogo constante.
