El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de tramitar una regularización extraordinaria de inmigrantes, un acto que beneficiará a más de 500.000 personas. Esta medida, que no se aplicaba en España desde hace dos décadas, surge tras una intensa presión ejercida por diversas organizaciones de distintos ámbitos. Según el acuerdo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se destaca que los recientes cambios geopolíticos, las nuevas causas de movilidad, la inestabilidad en naciones afectadas por conflictos y el cambio climático han incrementado los flujos migratorios globales. Por ello, es fundamental que la política migratoria del país se ajuste a estas realidades que son cada vez más complejas.
La regularización afectará a aquellas personas que se encuentren en situación irregular y a los solicitantes de asilo que demuestren su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Se anticipa que los interesados podrán comenzar a presentar sus solicitudes a partir de mayo. Esta no es la primera regularización que se lleva a cabo en el país; desde el inicio de la democracia, se han implementado un total de nueve, que impactaron a más de un millón de personas entre 1986 y 2005.
Para poder acreditar su permanencia en el país, los solicitantes podrán presentar diversos documentos, tales como el empadronamiento, informes de citas médicas, o certificados de participación en recursos sociales. Además, será necesario demostrar que han vivido en España desde antes de mayo y carecer de antecedentes penales relevantes para ser beneficiarios de esta regularización.
Uno de los puntos destacados por Podemos es que al presentar la solicitud de regularización, se suspenderán automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión que existan sobre el solicitante. Una vez que la solicitud sea admitida, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios esenciales como la asistencia sanitaria. En caso de que la resolución sea positiva, se concederá una autorización de residencia por un periodo inicial de un año, pudiendo solicitar después una autorización ordinaria conforme a la normativa vigente.
Es importante señalar que esta medida no requerirá la validación del Congreso, ya que será aprobada mediante un Real Decreto. Esto evita la posibilidad de que se genere un debate complicado en el Parlamento, especialmente ante la oposición del PP y Vox. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el documento se someterá a audiencia pública y a la elaboración de informes por diversos ministerios antes de regresar al Consejo de Ministros para su ratificación final.
Este acuerdo es fruto de la lucha de más de mil asociaciones que buscaron activar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con más de 700.000 firmas. La coalición de organizaciones que apoya esta regulación abarca desde colectivos empresariales hasta asociaciones anarquistas, incluyendo entidades religiosas como la Conferencia Episcopal Española, la cual ha hecho frente a discursos xenófobos en los últimos años y ha presionado a otros partidos para apoyar esta iniciativa.
La situación migratoria en España plantea desafíos significativos, y esta regularización representa un paso importante hacia una política más inclusiva y adaptada a las realidades actuales. En un contexto marcado por la mayor movilidad internacional, es crucial que España ajuste su política migratoria de manera coherente y eficaz, garantizando a los inmigrantes derechos fundamentales y un camino hacia la integración.
